Medio Ambiente

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha afirmado que la gestión consorciada facilitará que Asturias alcance los objetivos fijados en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. A su juicio, la nueva legislación estatal supone “un enorme desafío” para los ayuntamientos y para el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos (Cogersa), porque “implica una transformación radical del modelo vigente” y obligará a “abordar importantes cambios organizativos”. No obstante, ha puntualizado que el modelo de gobernanza consorciada “es una gran fortaleza de la comunidad”.

Cofiño, que ha inaugurado en Oviedo una jornada técnica organizada por Cogersa y la Federación Asturiana de Concejos (FACC), ha reconocido que Asturias “tiene por delante un largo camino para alcanzar en 2030 la tasa de reciclaje del 60% que exige la Unión Europea”. Desde su punto de vista, las nuevas recogidas separadas que obligatoriamente tendrán que implantar los municipios en los próximos años y los instrumentos económicos que prevé la nueva ley “se convertirán en herramientas imprescindibles”.

Durante su intervención, ha destacado la singularidad del centro de tratamiento de residuos que explota Cogersa, con 400 hectáreas en el corazón de Asturias que en los próximos años acogerán nuevas instalaciones para el aprovechamiento de residuos y la fabricación de materiales y productos energéticos de alto valor añadido, como biometano u otros gases renovables, biofertilizantes o biocarbón.

También ha aludido a la capacidad financiera del consorcio para abordar inversiones “gracias a cuatro décadas de gestión eficiente, de ahorros derivados de la integración de servicios y del aprovechamiento de las economías de escala de la gestión mancomunada”.

Por otra parte, ha remarcado que Cogersa tiene el precio de gestión de la fracción resto más barato de España, con 25 euros por tonelada, frente a una media de 100 euros en las comunidades que realizan un tratamiento previo y clasificación de la bolsa negra. Además, ha recordado que Asturias contará a partir de 2023 con una instalación que llevará a cabo este proceso, con una inversión prevista de 60 millones, y cuyas obras avanzan a buen ritmo.

Los nuevos tratamientos de la basura, así como la entrada en vigor del impuesto al depósito en vertedero el 1 de enero de 2023 “supondrán inevitablemente un incremento de los costes de gestión de los residuos municipales”, ha reconocido Cofiño, al tiempo que ha recordado el nuevo requerimiento legal a los ayuntamientos para que adapten sus tasas y ordenanzas. En este sentido, ha asegurado que los municipios contarán con apoyo financiero para abordar estos cambios y se ha referido a los 4,6 millones aprobados por el Consejo de Gobierno el viernes pasado para la convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de entidades locales orientados a implantar o mejorar la recogida separada de biorresiduos, que podrán obtener una subvención de hasta el 90%.

En la inauguración de la jornada sobre la nueva ley estatal ha intervenido también la presidenta de la FACC y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez. Por otra parte, la ponencia principal corre a cargo de Luis Enrique Mecati, subdirector de Economía Circular, Salud y Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha centrado su intervención en las implicaciones que la nueva norma tiene para la gestión del servicio municipal de residuos. En el coloquio posterior han participado la gerente de Cogersa, Paz Orviz; el alcalde de Illas, Alberto Tirador; el gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa), Alfonso Baragaño, y el jefe de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo, Adolfo García.