Movilidad

El pasado 16 de enero de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible (BOPA en fecha 4 de diciembre de 2018). Su entrada en vigor fue el 24 de diciembre de 2018.

La norma regula la actividad del transporte público, teniendo en cuenta que esta debe de formar parte de un modelo de movilidad dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, comprometido con el medio ambiente, energéticamente más eficiente, más sostenible económicamente y que garantice una mayor accesibilidad, tanto territorial como social, asequible para todos y con especial atención a las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Este nuevo modelo de movilidad debe ofrecer alternativas al basado en el uso del vehículo privado motorizado mediante el fomento del uso de modos de transporte más sostenibles, como son la marcha a pie, la bicicleta u otros medios de transporte activo llamados a ganar protagonismo en el futuro.

La norma establece las condiciones de prestación de las actividades de transporte desde un enfoque integral, abordando todos los modos y la interrelación entre otros, así como en sus aspectos de relación con la ordenación del territorio, el urbanismo, el régimen local, la protección medioambiental y el desafío del cambio climático. La norma resalta la posición del Consorcio de Transportes de Asturias como el ente público encargado de la gestión conjunta del servicio de transporte público de viajeros y del fomento de la movilidad sostenible a través de la cooperación y participación interinstitucional.

Entre los múltiples objetivos de la norma, se destacan:

1. Garantizar el derecho del ciudadano a la accesibilidad universal.
2. Mejorar la calidad ambiental y la salud de la población reduciendo la contaminación ambiental, incluyendo la acústica, asociada al transporte.
3. Desarrollar y poner en práctica políticas en materia de educación ambiental
4. Mitigar el cambio climático por medio de la disminución del volumen de gases de efecto invernadero emitidos por vehículos motorizados. 
5. Contribuir a la viabilidad del sistema territorial en su conjunto reduciendo la huella ecológica del transporte con una visión integrada basada en la cooperación entre administraciones.
6. Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico y las políticas de movilidad, de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y se garantice la accesibilidad a los centros de trabajo, residencias y puntos interés cultural, social, sanitario, formativo o lúdico, o que tengan como origen o destino los centros de las ciudades u otros grandes polos de movilidad, con el mínimo impacto ambiental y la mayor seguridad posible.
7. Promover y adoptar medidas de protección de los medios de transporte más ecológicos y de racionalización del uso del vehículo privado, como el coche compartido o el coche multiusuario.
8. Desarrollar políticas legislativas de coordinación, tramitación en paralelo, e interrelación de los instrumentos de planificación urbanística y/o territorial, con los instrumentos de movilidad.

En el ámbito del planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio, la sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio climático, se destacan los siguientes objetivos:

• Incorporar el transporte público de viajeros y las necesidades para el desplazamiento seguro a pie o en bicicleta en la planificación del uso del suelo, garantizando su integración en el planeamiento territorial y urbanístico.
• Disminuir la congestión de vehículos introduciendo en el planeamiento urbanístico unas condiciones mínimas de accesibilidad a los núcleos urbanos y al centro de las ciudades que disuadan del uso poco racional del vehículo privado motorizado.
• Disponer de aparcamientos disuasorios para vehículos privados motorizados en los accesos a las ciudades y en la proximidad de estaciones de transporte.
• Impulsar el uso de aquellos combustibles alternativos que resulten más eficientes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y sean más seguros para la salud de las personas.
• Desarrollar políticas legislativas de coordinación, tramitación en paralelo e interrelación de los instrumentos de ordenación urbanística y/o territorial con los instrumentos de movilidad, conducente a una total interdependencia entre unos y otros cuerpos normativos.

Respecto el ámbito de aplicación de la Ley, ésta alcanza los modos de transporte que discurran íntegramente por el territorio del Principado de Asturias que seguidamente se relacionan:

• Los transportes activos realizados a pie, en bicicleta, patines u otros de similares características.
• Los transportes por ferrocarril, realizados por vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les sirva de sustentación y de guiado.
• Los transportes por cable.
• Los transportes motorizados por carretera cuando discurran por toda clase de vías públicas, urbanas o interurbanas y, asimismo, por vías privadas cuando el transporte que por ellas se realice sea público, en particular el transporte de mercancías, con tratamiento específico de la última milla.
• Los transportes marítimos cuando se realicen entre puertos o puntos del Principado de Asturias sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.
• Los helipuertos y aeródromos que no sean de interés general del Estado.
• Las actividades auxiliares y complementarias del transporte ubicadas dentro del territorio del Principado de Asturias y en el ámbito de sus competencias:
  • Las estaciones de transporte de viajeros por carretera
  • Los centros de transporte y las plataformas logísticas de mercancías.
• Los aparcamientos disuasorios.

La ley también establece una serie de principios básicos de la movilidad, entre los cuales el de seguridad, minimización del impacto ambiental, minimización de los costes sociales, intermodalidad, sostenibilidad y uso racional del territorio, valoración de costes y gestión, prioridad de la accesibilidad universal en la asignación de recursos públicos, coordinación entre administraciones públicas, participación ciudadana, incorporación de la perspectiva de género a la planificación y la gesti�n del transporte.

En otro orden de cosas, el capítulo II de la norma regula los instrumentos de planificación del transporte y la movilidad. Al respecto, se establece que estos instrumentos deben concretar, para el ámbito territorial y material que en cada caso les corresponda, la aplicación de los objetivos de movilidad de la presente Ley mediante el establecimiento de directrices, políticas, objetivos temporales, propuestas operativas e indicadores de control.

Pues bien, en este marco, se contienen los siguientes instrumentos de planificación del transporte y la movilidad: 

• Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias
• Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible
• Planes de Movilidad Urbana Sostenible
• Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada

Estos instrumentos deberán contener un estudio del impacto que comporta la creación, modificación o adaptación de una infraestructura o un servicio de transporte. El estudio, que deberá? aportar una perspectiva de género, contendrá? la evaluación de la demanda, el análisis de los costes de implantación y amortización y de los costes e ingresos de operación de mantenimiento, la valoración de las posibles afectaciones medioambientales y de los costes externos, así como un análisis de funcionalidad que garantice la eficacia, economía y seguridad del sistema.

Los Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible y los Planes de Movilidad Urbana Sostenible deberán someterse a evaluación ambiental estratégica, y los Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada quedarán sujetos, en lo que a esta cuestión se refiere, a lo que establezca el instrumento urbanístico en el que se integren.

Asimismo, se contiene que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, el Consejo de Gobierno deberá aprobar un Plan de Movilidad Sostenible para el ámbito al que haya de extenderse el Área Metropolitana Central de Asturias.

Cabe destacar también que, en el plazo de dos años, el Gobierno del Principado de Asturias deberá desarrollar y aprobar la Estrategia Sectorial para la implantación y desarrollo del vehículo eléctrico y las infraestructuras que le son propias. Este documento tendrá por objeto implantar y desarrollar en el Principado de Asturias la utilización de energías limpias a través de la garantía del suministro energético al parque de vehículos eléctricos o semieléctricos que utilicen las carreteras que discurran por el Principado.

Otra obligación derivada de la Ley es que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno del Principado de Asturias deberá aprobar la Estrategia Sectorial para la implantación y desarrollo de los medios de transporte activos sin emisiones, y de las medidas garantes de la intermodalidad en el Principado de Asturias.

Por otro lado, el Título XI de la norma regula el régimen sancionador y de control en el transporte por carretera y ferrocarril, y también en otros modos de transporte como el transporte por cable, helipuertos, aeródromos y el transporte marítimo.

Finalmente, apuntar que a través de esta disposición quedan derogadas aquellas normas de igual o inferior rango que se oponen a lo dispuesto en la Ley y que ésta modifica la Ley 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias.

En conclusión, a través de la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible del Principado de Asturias el transporte público debe jugar un papel trascendental en la reducción de los impactos ambientales y sociales asociados a la movilidad, con el fin mejorar la calidad ambiental y la salud de la población, mitigar el cambio climático, reducir la huella ecológica del transporte con una visión integrada basada en la cooperación entre administraciones, y garantizar la accesibilidad universal.