Urbanismo

El acuerdo político en el que se enmarca esta colaboración económica de la Junta de Castilla y León con las entidades locales concretaba aspectos referentes al desarrollo del modelo de ordenación del territorio y comprometía, para los años 2013, 2014 y 2015, un fondo incondicionado destinado a todos los municipios de Castilla y León con la garantía de una cuantía mínima para cada uno de ellos. De modo extensivo, en 2013 el Ejecutivo autonómico amplió este acuerdo a las nueve diputaciones provinciales.

El protocolo firmado desarrolla los principios que han guiado el acuerdo básico citado -referido a las diputaciones provinciales- y que se han recogido expresamente en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, el protocolo ayuda a la aplicación del Decreto Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que se ha visto complementado con la Circular de 1 de abril de 2014 relativa al sistema competencial y otras cuestiones derivadas de su entrada en vigor.

Las diputaciones provinciales se comprometen, en este documento, a emitir su informe sobre el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio antes de su sometimiento a audiencia pública. Aquellas diputaciones cuyo ámbito geográfico se vea afectado, emitirán informe en el trámite de audiencia para la definición del ámbito de las “áreas funcionales estables” y las “áreas funcionales estratégicas”.

Asimismo, las diputaciones provinciales se comprometen a participar en el proyecto reglamentario que regule la asunción de forma progresiva de la cartera común de competencias por las “mancomunidades de interés general”, definiendo cuáles deben ser las competencias mínimas iniciales al momento de su constitución y los plazos para su definitiva asunción de todas las competencias que integran la cartera común.

También se comprometen a estudiar la utilización de fórmulas asociativas mediante la constitución de consorcios provinciales de servicios generales, presididos por las diputaciones provinciales, con las mancomunidades de interés general.

Y además las diputaciones provinciales darán continuidad a la prestación de los servicios públicos locales, en cumplimiento de las previsiones contempladas en el Decreto Ley para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León.

La Junta de Castilla y León destina a las diputaciones provinciales en 2014 una cuantía de 18.901.856 euros, un 10 % superior a la cifra asignada en 2013. Las nueve diputaciones provinciales deberán destinar esta cantidad a la dotación del fondo especial para operaciones corrientes derivadas del ejercicio de servicios propios ya implantados y en funcionamiento; el mantenimiento de las cuantías consolidadas dirigidas al sostenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios; la actualización de la encuesta de infraestructura y equipamiento local; y algunas diputaciones provinciales dispondrán de un fondo derivado de políticas sociales referidas a discapacitados y cobertura de plazas de salud mental.

La transferencia a las diputaciones provinciales de la cuantía del fondo especial y, en su caso, de los fondos sociales, se producirá en dos pagos, el primero de ellos en la primera quincena de julio de 2014, y el segundo en la segunda quincena de noviembre de 2014. Las otras ayudas se transferirán cuando las diputaciones provinciales las justifiquen adecuadamente ante la Consejería.

29,8 millones de euros de fondos incondicionados para municipios de menos de 20.000 habitantes

Todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León recibirán sendas partidas destinadas a fondos incondicionados, que suman una cuantía global de 29.804.007 euros, y que se entregarán a través de las correspondientes diputaciones provinciales. Estas colaborarán con la Junta de Castilla y León en su gestión y pago, si bien el Gobierno autonómico es la administración que define y concreta los criterios de distribución y cuantías que corresponden a cada municipio.

Este fondo tiene carácter incondicionado, por lo que los consistorios de Castilla y León podrán destinar la partida que perciban a gasto corriente, inversiones o una combinación de ambos conceptos. La transferencia de estos fondos a las diputaciones provinciales se producirá antes del 30 de junio de 2014, para que los municipios puedan recibirlos durante el mes de julio.

De manera detallada, los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Ávila recibirán 2.623.881 euros; los de Burgos, 3.591.584 euros; los de León, 6.046.186 euros; los de Palencia, 2.321.744 euros; los de Salamanca, 4.508.289 euros; los de Segovia, 2.503.821 euros; los de Soria, 1.524.822 euros; de los Valladolid, 3.902.009 euros; y los de Zamora, 2.781.671 euros.

La Consejería de la Presidencia está ultimando un protocolo semejante para los 15 municipios de Castilla y León con más de 20.000 habitantes, tal y como se produjo en 2013. Para ellos, la cuantía de colaboración económica ascenderá a una cifra total de 12.069.123 euros.