Movilidad

El pleno de Benidorm ha acordado por unanimidad aprobar inicialmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) elaborado por la Universidad de Alicante, que propone siete planes de acción con actuaciones concretas para organizar y mejorar la movilidad en Benidorm a corto, medio y largo plazo, empezando por la accesibilidad. Tras esta aprobación inicial, el PMUS se expondrá ahora al público durante un mes, periodo en el que se podrán presentar alegaciones o reclamaciones al documento. 

El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, ha señalado que los siete planes del PMUS están orientados a potenciar las formas de desplazamientos más sostenibles –como son caminar, la bicicleta y el transporte público-, y a mejorar en conjunto todos aquellos que realizan tanto los residentes como los turistas que visitan la ciudad. 

Con el voto de toda la corporación se ha aprobado la propuesta de la Junta de Portavoces de sumarse a la reivindicación de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA) de solicitar al Gobierno Central el rescate de la concesión de la AP-7, que se extingue en 2019. La propuesta incluye además pedir el rescate de aquellos tramos “cuya liberalización es una necesidad inmediata”, como es el caso de la Marina Baixa, por el elevado tráfico que soportan las carreteras nacionales que discurren en paralelo a la autopista o porque atraviesan poblaciones donde no se han desdoblado esas mismas nacionales.

También por unanimidad se ha aprobado cubrir “por necesidades urgentes y prioritarias” la baja laboral de varios puestos en las concejalías de Bienestar Social y Educación; y aceptar la encomienda de gestión hecha por la Agencia Valenciana de Turismo para la reparación y mantenimiento de las infraestructuras higiénicas y lúdicas de las playas de Benidorm. Además, con el voto del gobierno local se ha aprobado una relación extrajudicial de crédito. 

Con el apoyo unánime ha salido adelante una moción del grupo municipal Compromís-Los Verdes para instar al gobierno de España a modificar la Ley de Haciendas Locales para posibilitar la exención de tasas e impuestos a las personas en riesgo de exclusión social por riesgo a la pérdida de su vivienda, y poder así adaptar las ordenanzas municipales a tal efecto. 

Por mayoría se ha aprobado otra moción de Compromís-Los Verdes para hacer una campaña informativa en colaboración con AICO sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente del uso excesivo de bolsas de plástico, y otra campaña en los comercios para la sustitución de éstas.

Con el voto a favor de todos los grupos ha prosperado una moción de Ciudadanos (C’s), enmedada por el PP, para que el Ayuntamiento se sume a la iniciativa del Sindicat del Reg Major de l’Alfàs i Benidorm para impulsar ante les administraciones pertinentes que la Séquia Mare sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC). 

Asimismo, se ha aprobado por mayoría una moción del mismo grupo para ampliar a todos los contratos laborales del Ayuntamiento (86) la auditoría externa contratada tras un acuerdo plenario del pasado octubre para fiscalizar los procedimientos de contratación que se siguieron, y que inicialmente se realizó sobre un muestreo de 30 trabajadores. 

Por mayoría el pleno ha dado luz verde a una moción de C’s, enmendada por el PSOE, para adecuar los parques municipales de ocio infantil para garantizar la accesibilidad universal. La propuesta contempla hacer un estudio para conocer el estado de los parques infantiles y que antes de finalizar la legislatura todos estén adaptados a niños con problemas de movilidad; así como pedir subvenciones para tal fin a la Diputación Provincial de Alicante. 

También se ha aprobado una moción del grupo Ciudadanos por Benidorm (CBM) para que se cumpla el plan de ajuste en lo relativo a la suspensión de forma inmediata de los complementos de productividad a personal municipal que no estén amparadas por circunstancias objetivas. 

Con el voto de la mayoría de la corporación se ha acordado instar al Gobierno de España a retirar los recursos contenciosos-administrativos presentados contra los decretos de la Generalitat Valenciana que regulan las bases de ayuda para pensionistas y personas con diversidad funcional.