Urbanismo

El Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y villas, que sustituye y actualiza la antigua Ley de barrios de 2004.

La nueva ley tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de las áreas con alta vulnerabilidad social, déficits urbanísticos, carencia de equipamientos y servicios, dificultades de accesibilidad, riesgos ambientales y graves exposiciones a efectos de la emergencia climática.

La Ley creará un Fondo económico que se dotará con los presupuestos de la Generalidad y con financiación procedente del Estado o de la Unión Europea. Con este fondo, se abrirán convocatorias anuales de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos que presenten proyectos de intervención.

El objetivo es aprobar las bases de la primera convocatoria durante el año 2023. Se creará también la Oficina Técnica de Barrios y Villas para apoyar a los municipios en la redacción de los proyectos, ejecutables a partir del año 2024.

Características de los proyectos

Los ayuntamientos tendrán que presentar proyectos que incorporen actuaciones en cada uno de estos ámbitos:

• Transformaciones físicas. Actuaciones en el ámbito del urbanismo, espacio público, equipamientos, intervenciones en el interior de las viviendas y zonas comunes, accesibilidad, eficiencia energética o mejora de la habitabilidad.

• Transición ecológica. Ampliación del verde urbano, adaptación del espacio urbano al cambio climático, movilidad sostenible, soberanía alimentaria, economía circular, ciclo del agua y residuos.

• Acción sociocomunitaria. Promoción de la equidad de género, mejora de la salud individual y comunitaria, atención a la infancia, juventud y personas mayores, políticas de no discriminación o acciones para incrementar el empleo de calidad y diversificar el tejido productivo local.

Los proyectos escogidos en cada convocatoria serán subvencionados como mínimo en un 50% de su presupuesto con cargo al Fondo y como máximo en un 75%, aunque excepcionalmente se podrá llegar al 90%. Deberán ejecutarse en un máximo de 5 años, ampliable a 8 años con condiciones.