Movilidad

En los últimos años hemos asistido a un despliegue masivo de los servicios de patinetes eléctricos compartidos en muchas ciudades de todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de ellas aún no han aprobado una legislación específica para regular este nuevo fenómeno, lo que aumenta las incertidumbres entre los diferentes actores, como usuarios, operadores, etc.

Un equipo formado por científicos del Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) –centro de investigación y desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)− y de la Universidad de Granada (UGR) ha llevado a cabo un estudio con el objetivo de proporcionar pautas para regular los servicios de patinetes eléctricos compartidos en áreas urbanas de nuestro país a fin de que su implementación alcance un resultado positivo y favorable. El estudio está basado en un enfoque colaborativo entre las partes interesadas (autoridades públicas, operadores, investigadores y consultores expertos en la materia) que han analizado el problema de la regulación desde diferentes perspectivas. Se ha encontrado un gran acuerdo en aspectos clave como promover una regulación homogénea en todos los municipios dentro de una misma área metropolitana; establecer bases fijas para estacionar en el centro de la ciudad, permitiendo al mismo tiempo la flotación libre en áreas de baja densidad ubicadas en las afueras; y promover una integración con el sistema de transporte público. Como resultado de la investigación se proporcionan recomendaciones regulatorias en cuatro áreas principales: acceso al mercado, requisitos técnicos, tráfico y seguridad, y supervisión.

En Europa, los servicios de patinetes eléctricos compartidos están disponibles en casi 100 ciudades, siendo París, Berlín, Madrid o Estocolmo las que disponen de un mayor número de vehículos. Sin embargo, el despliegue de estos servicios se ha realizado sin tener una legislación específica para regular este fenómeno, lo que ha generado muchos problemas. Así, los peatones se quejan del uso indebido de los usuarios por las aceras, las autoridades públicas no son capaces de controlar las decisiones de los operadores, y los operadores tienen grandes incertidumbres sobre la viabilidad de su modelo de negocio. Esto ha llevado, por ejemplo, a que París haya decidido retirar los patinetes eléctricos compartidos de sus calles. Sin embargo, ciudades como Madrid acaban de actualizar su modelo regulatorio con el fin de ofrecer un servicio más ordenado y seguro en la ciudad. En este escenario es razonable preguntarse, ¿cuáles son las claves para que la regulación de estos servicios sea exitosa en las ciudades?

La respuesta a esta pregunta la tienen investigadores del TRANSyT-UPM y de la Universidad de Granada que realizaron un estudio, publicado recientemente en la revista Transport Policy, basado en un enfoque colaborativo mediante grupos focales donde autoridades públicas, operadores, investigadores y consultores expertos en la materia expresaron y contrastaron sus opiniones para llegar finalmente a un consenso sobre los temas más controvertidos de la regulación. Como señala Natalia Sobrino, investigadora del TRANSyT-UPM, “algunas ciudades han adoptado muchas de las recomendaciones que hacemos en el estudio, como es el caso de Madrid en el modelo del sistema de alquiler de patinetes que acaba de instaurar”.

En el estudio se proporcionan algunas directrices clave en la regulación de los patinetes eléctricos compartidos en las zonas urbanas españolas que se resumen a continuación.

En primer lugar, para garantizar el éxito en la puesta en marcha del servicio, los expertos sugieren tener una regulación homogénea de los servicios de patinete eléctrico compartido en las ciudades dentro de una misma área metropolitana. Además, a los expertos les parece clave la coordinación o integración con el sistema de transporte público. Apuntan que la regulación podría ser similar a la de los servicios de bicicletas eléctricas compartidas, pero con algunas matizaciones en puntos concretos. Por otro lado, para garantizar un buen servicio al usuario se acordó como la opción más razonable limitar el número máximo de operadores mediante concesión y que el servicio se despliegue en todos los distritos de la ciudad para garantizar la accesibilidad universal a todos los ciudadanos. No obstante, los expertos especifican que las autoridades públicas deben poner en marcha mecanismos para compensar a los operadores por el despliegue de vehículos en áreas con alto índice de vandalismo o baja demanda. Y, en tercer lugar, para garantizar un despliegue ordenado del servicio en las ciudades, se sugiere tener un sistema mixto de aparcamiento de los vehículos de forma que haya bases fijas delimitadas en las zonas densas de la ciudad y estacionamiento libre en las zonas de baja densidad.

Otro aspecto importante es la supervisión del servicio por parte de los ayuntamientos. Por ello se recomienda que en la normativa se requiera a los operadores privados que faciliten determinados datos anonimizados (por ejemplo, ubicación de los patinetes, orígenes y destinos, estado de la batería, aparcamiento) con el fin de mejorar la planificación del transporte, realizar estudios y promover la coordinación con otros servicios.  

“Los resultados del estudio subrayan la importancia de buscar el consenso entre las partes interesadas a la hora de diseñar marcos regulatorios de los servicios de movilidad compartida en las áreas urbanas”, concluyen los investigadores.