Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobará hoy lunes el expediente para contratar el servicio público de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria por un importe anual de 25,1 millones de euros y un plazo máximo de 10 años sin posibilidad de prórroga.

Así lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que ha avanzado los aspectos más destacados del documento, entre los que se encuentran la obligación de que todos los medios materiales, como contenedores y maquinaria, sean de nueva fabricación, así como la subrogación de toda la plantilla, que se debe mantener como mínimo, dado que no se permite ninguna amortización de puestos.

 “Queremos los más altos estándares de calidad en la limpieza de Santander y por eso hemos trabajado para elaborar con el mayor rigor técnico unos pliegos muy detallados que garantizan un estricto control a la empresa adjudicataria, y contemplan multas tipificadas de leves, graves y muy graves que pueden llevar a la rescisión del contrato”, ha señalado la concejala.

Los pliegos establecen el aumento de los volúmenes de contenerización, de forma que los vecinos tendrán más espacio para la recogida de residuos y las recogidas serán separadas según la nueva Ley de Residuos cuyas novedades se han incorporado en su totalidad al documento.

De esta forma, en recogida selectiva se establecerán los biorresiduos -dándose un plazo de tres meses a la adjudicataria para la implantación del quinto contenedor-, y los de aceite de cocina usados.

Asimismo, se incrementa la frecuencia mínima a días alternos en papel-cartón, envases y residuos de envases y también se mejora la atención ciudadana con la puesta en marcha de redes sociales y la apertura de una oficina de forma presencial de lunes a viernes en horario de mañana y tarde atendida por personal cualificado que responda a las incidencias/ quejas y sugerencias de los vecinos, debiendo incorporarse a la plataforma de gestión, y, para aquellas cuestiones que no se puedan responder en el momento se establece un plazo no superior a 48 horas. 

Y, también como novedad, se exigen medidas de formación y sensibilización dirigidas a la población en relación con la prevención de residuos y su peligrosidad, la reutilización, la recogida separada, la preparación para la reutilización y el reciclado, las consecuencias de la gestión indebida de los residuos y del abandono de basura dispersa y la limpieza viaria.

Todas estas mejoras -que llevan incorporadas inversiones adicionales de 2,6 millones de euros el primer año-, se adaptarán a la evolución de la trama urbana del municipio, por lo que los licitadores deben prever en su oferta la evolución de la ciudad a 10 años, de forma que se garantice una prestación global con altos niveles de calidad independientemente del año de vida en el que se encuentre el contrato y la evolución que pueda o no experimentar la ciudad.

Las inversiones contempladas el primer año afectan a la puesta a punto de infraestructuras del servicio, entre las que se encuentra la central de recogida neumática (500.000 euros), la contenerización soterrada (900.000 euros) y a los planes de choque para la eliminación de pintadas, limpieza de pavimentos, recogida de carteles y reposición de papeleras.

En cuanto a los plazos, la concejala ha señalado que, una vez que se inicie el proceso de licitación la próxima semana, las empresas dispondrán de un plazo de 60 días para presentar sus ofertas, con una adjudicación estimada para el verano y con el objetivo de que la empresa esté completamente operativa en un año.

Rojo ha recordado que la licitación del nuevo contrato responde a la subsanación de los requerimientos que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales planteó para anular el pliego sobre este servicio aprobado en febrero de 2023.

La concejala ha precisado que los pliegos que la Junta aprobará este lunes han sido sometidos a una revisión técnica exhaustiva para garantizar la máxima seguridad jurídica y han tenido en cuenta todas las indicaciones realizadas desde el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

También ha apuntado que el expediente cuenta con el informe preceptivo del Comité Superior de Precios del Estado acerca del estudio técnico sobre los costes del servicio, en el que figuran todos los necesarios para el desarrollo de la actividad: personal, amortización y financiación, funcionamiento de la maquinaria y equipos, y gastos generales.