Medio Ambiente

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha detallado a los representantes territoriales los criterios para la distribución de los recursos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de saneamiento y depuración, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad y los criterios seguidos para su reparto y territorialización.

Asimismo, los consejeros han sido informados de los avances en la redacción del proyecto de Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y sobre el Plan PIMA Ecosistemas.

Ribera ha explicado la propuesta de subvención a las Comunidades Autónomas destinadas al saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, que no cumplen con la Directiva europea de aguas residuales. Estas subvenciones conforman el llamado Plan de saneamiento y depuración para aglomeraciones menores de 5.000 habitantes equivalentes, que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el componente de preservación del litoral y recursos hídricos.

Financiación para proyectos de gestión de residuos

En la reunión se han abordado las bases para la territorialización de las subvenciones dirigidas a financiar inversiones en materia de gestión de residuos. Dentro del componente de “Política Industrial de España 2030” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está recogido el “Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos”, que abarca una serie de reformas para el despliegue de la economía circular en España y se acompaña de un programa de inversiones.

El importe total de las inversiones en materia de residuos asciende a 421,12 millones de euros, que abarcan los 415,25 millones de euros correspondientes al Plan de Recuperación y las cantidades contempladas en los PGE 2021 para otros programas en materia de residuos: 4 millones del PIMA Residuos y 1,87 millones del Programa de Economía Circular. Otras líneas de financiación del Plan de Recuperación, dedicadas a la introducción de la Economía Circular en la empresa, serán objeto de futuras convocatorias.

Los criterios para el reparto territorial de estas cantidades tienen en cuenta la generación de residuos municipales, la distancia de cada Comunidad Autónoma respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su densidad de población.

Las ayudas se destinarán a proyectos en cuatro grandes líneas de actuación, que son las que fueron identificadas para España por la Comisión Europea en junio de 2019 como necesarias para cumplir con los retos comunitarios en materia de residuos municipales y de envases:

1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes: 199,40 millones de euros (47,35% de total).

2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente: 68,52 millones de euros (16,27%).

3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente: 136,06 millones de euros (32,31%).

4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de CSR (Combustible Sólido Recuperado): 17,14 millones de euros (4,07%).

Las Comunidades Autónomas deberán distribuir el dinero que se les asigne entre estas cuatro líneas manteniendo los porcentajes de distribución, si bien contarán con ciertas flexibilidades. Dispondrán de un plazo máximo de quince meses desde la aprobación del acuerdo de Consejo de Ministros para aprobar las convocatorias autonómicas de concesión de las ayudas y proceder a su adjudicación.

En cuanto al plazo de ejecución de los proyectos financiables, se podrán tener en consideración los proyectos iniciados con fecha posterior al 1 de marzo de 2020, si bien su ejecución deberá finalizar como muy tarde el 31 de mayo de 2026.