Medio Ambiente

El pleno de Fuengirola correspondiente al mes de noviembre ha aprobado la adjudicación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria a la empresa FCC a partir del 1 de enero y durante los próximos cuatro años. La decisión se ha tomado con el apoyo de todos los partidos de la corporación a excepción de IU, que se ha abstenido. Se da cumplimiento así a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo sobre el proceso de adjudicación del servicio en la ciudad. La mercantil que ahora se hará cargo de estas tareas, fue una de las tres empresas que se presentó al proceso de licitación que tuvo lugar en diciembre de 2015. Entonces, los informes técnicos no avalaron la adjudicación del servicio a la misma, decisión que recurrió ante el Tribunal de Recursos Administrativos, quien ratificó la decisión tomada por los técnicos. Sin embargo, la empresa ha ido más allá y ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, cuya resolución insta ahora al equipo de gobierno a adjudicar el servicio a la empresa.

Al respecto, la alcaldesa Ana Mula ha comentado que “vamos a ser escrupulosos en el cumplimiento de esta sentencia y, a la vez, exigiremos a la nueva concesionaria que cumpla íntegramente el contrato con las condiciones que la misma ha propuesto, como no puede ser de otra manera”. Al mismo tiempo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, tanto a los fuengiroleños “porque siempre va a estar garantizada la prestación de este servicio que es esencial para la vida de la ciudad”, como para los trabajadores “porque la concesionaria va a subrogar la plantilla al completo”. Precisamente, la mandataria ha mantenido ya una reunión con los trabajadores para abordar este asunto.

Tal y como ha argumentado, todo el procedimiento relacionado con la adjudicación del servicio “siguió los trámites habituales para un contrato de estas características, y en todo momento se cumplieron las directrices que marcaron los técnicos, que desaconsejaban optar por adjudicar el servicio a FCC”, ha explicado Mula. Sin embargo, y dentro del procedimiento de recursos a los que tiene derecho una mercantil cuando está disconforme con el procedimiento, se trasladó el expediente al Tribunal de Recursos Administrativos “que avaló la decisión tomada por los técnicos de este Ayuntamiento”, ha recordado la mandataria. “En ese momento, los técnicos se ratificaron en su informe descartando la empresa”.

Tras este trámite FCC acudió al Tribunal Supremo, que ha fallado a favor de la mercantil “por lo que ahora solo queda avanzar en la tramitación necesaria para que la prestación del servicio empiece a funcionar correctamente a partir del 1 de enero de 2020”, ha argumentado la alcaldesa. Al respecto, ha apuntado que la empresa ya ha depositado incluso el ingreso de la fianza necesaria para poner en marcha el servicio, cuya cuantía supera el 1,1 millones de euros.