Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Girona intensificará a partir de la próxima semana el control ante el abandono ilegal de residuos en la ciudad. El alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha denunciado públicamente el comportamiento incívico creciente de algunas personas y empresas a la hora de lanzar los residuos y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para mantener una ciudad limpia y salubre, y para seguir mejorando en el reciclaje.

“Queremos una ciudad limpia, y por eso no podemos aceptar que haya gente que realice vertidos ilegales o que deje la basura en cualquier punto de la vía pública. Aparte de generar mala imagen, estos actos hacen que todas y todos tengamos que asumir costes extra para retirar y tratar la basura. Por eso actuaremos con claridad y perseguiremos las actitudes incívicas a través de más controles de la Policía Municipal y de los agentes ambientales ”, ha destacado el alcalde.

Salellas también ha alertado de que el incivismo y las malas praxis en la gestión de los residuos comporta unos sobrecostes de aproximadamente 1 millón de euros que recaen directamente en la ciudadanía y que pueden duplicarse en caso de que los comportamientos incívicos persistan. Esta situación está ligada al incremento del coste que suponen tanto la recogida como el tratamiento de residuos que contienen impropios. 

El Ayuntamiento calcula que gasta casi medio millón de euros anuales para recoger desperdicios que se han lanzado de forma incorrecta, ya que en muchos casos implica la realización de servicios extraordinarios. Los motivos pueden ser que no se ha seguido el modelo de recogida correspondiente por el barrio; que no se han respetado las fracciones o, directamente, por actos vandálicos. En este coste también se añade la recogida de voluminosos abandonados que se han vertido sin previo aviso al servicio de recogida gratuita. 

Por otra parte, el alcalde también ha explicado que no hacer bien el reciclaje equivale a unos 1'4 millones de euros al año en relación con el tratamiento de los residuos. En este sentido, el exceso de rechazo supone un gasto de unos 800.000 euros adicionales, ya que tratar esta fracción es la que supone un mayor coste. Aparte, el tratamiento de residuos con impropios supone dejar de recibir subvenciones de la Agencia de Residuos de Cataluña o de las empresas que lo bonifican. Actualmente, el Ayuntamiento paga 200.000 euros de sobrecoste por el tratamiento de los desechos, dejando de ingresar unos 400.000 euros, que representan un total de 600.000 euros que la ciudadanía se podría ahorrar si se mejorara el índice de recogida selectiva.

Para combatir el incivismo, los agentes ambientales revisarán el contenido de las bolsas de basura y multarán a las personas o empresas que las hayan vertido de forma inadecuada

Se vigilarán especialmente las papeleras y varios puntos de la vía pública donde el consistorio ha detectado que tanto la ciudadanía como las actividades comerciales tiran de forma reiterada los desechos incorrectamente. Hay que tener en cuenta que depositar los desperdicios en las papeleras públicas o en cualquier otro lugar que no sean los puntos de recogida de residuos puede comportar sanciones de hasta 600 euros.
 
De forma paralela, el Ayuntamiento de Girona ha comenzado ya una campaña de sensibilización sobre la medida. Bajo el lema “La calle no es un vertedero. Más civismo, menos suciedad, más ciudad”, se colocarán carteles informativos en los puntos en los que se abandonan residuos de forma ilegal para alertar sobre la infracción y recordar el importe de las multas. 

En cualquier caso, el alcalde de Girona ha querido dejar claro que el consistorio trabajará para mejorar el servicio de recogida, con la aplicación de sanciones si es necesario, así como la atención a la ciudadanía con acciones como la puesta en marcha de una nueva campaña informativa y de civismo dirigida a los vecinos y vecinas.
 
El pasado mes de julio, el consistorio ya llevó a cabo una campaña de control del incivismo para evitar el abandono de basura fuera de los contenedores. En ese caso, la Policía Municipal y los agentes ambientales, que tienen capacidad sancionadora, interpusieron una docena de multas.