Medio Ambiente

La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Residuos, y la Junta de Andalucía han presentado dos proyectos que suman una inversión de 4,74 millones de euros con los que impulsarán la recogida y el tratamiento de residuos orgánicos. El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, y el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Málaga, José Antonio Víquez, han señalado que estas actuaciones contarán con ayudas con cargo a los Fondos Next Generation de la Unión Europea, en la parte que gestiona el Gobierno andaluz. De los 4,75 millones, la Diputación aportará 3,37 millones y la Junta de Andalucía, a través de esos fondos europeos, financiará los casi 1,4 millones restantes.

El primero de los proyectos consistirá en la implantación de la recogida de residuos orgánicos a través del quinto contenedor. Tal y como establece la ley, se instalarán 365 contenedores marrones con control de usuario en los municipios mayores de 5.000 habitantes que pertenecen al Consorcio: Cártama, Villanueva del Trabuco, Alameda, Mollina y Archidona. Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 771.862 euros, de los que la Diputación aportará 545.435 euros y la Junta de Andalucía, 226.426 euros.

La segunda actuación consiste en la construcción de una planta de tratamiento de FORS en el complejo medioambiental de Valsequillo con capacidad para recibir 64.315 toneladas al año de basura orgánica procedentes de los 91 municipios consorciados, de modo que dará servicio a más de 550.000 habitantes.

Esta nueva planta permitirá obtener compost de los residuos orgánicos recogidos y tratados del quinto contenedor, el contenedor marrón. También se han instalado placas solares que están generando un megawatio, con el objetivo futuro de alcanzar la huella cero de emisiones. “Es un complejo ambiental modélico y pretendemos que lo sea aún más con estas nuevas inversiones”, ha apuntado Salado.

Se calcula que el quinto contenedor, el marrón para basura orgánica, podría representar hasta el 40% de los residuos que ahora se recogen y se tratan como residuos sólidos urbanos, procedentes del contenedor gris. En este sentido, Salado ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos y a la población ante el desafío ambiental y fiscal que supone la normativa estatal.