Movilidad

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha activado la segunda convocatoria de ayudas a municipios para digitalizar y descarbonizar la movilidad urbana, con 500 millones de euros completando así el presupuesto de 1.500 millones de euros previstos para esta línea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible y digital del transporte urbano. Hablamos con María José Rallo, Secretaria general de Transportes y Movilidad, para conocer las estrategias del Gobierno en estas materias.

La segunda convocatoria de ayudas para digitalizar y descarbonizar la movilidad urbana está dotada con 500 millones de euros de los fondos europeos, completando así el presupuesto de 1.500 millones de euros previstos para esta línea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ¿Qué objetivos persiguen estas ayudas?

Los objetivos perseguidos con estas ayudas son cuatro: acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones; fomentar el cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia modos de transporte más sostenibles, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa para contribuir así a los objetivos de mejora ambiental y de la salud; fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una actividad de cero emisiones mejorando la accesibilidad del sistema; e impulsar la digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte que redunde en una mayor eficiencia del sistema, mejor accesibilidad y ventajas para el usuario del transporte público.

Para lograr estos objetivos se financian diversas tipologías de proyectos: construcción de carriles bici, aparcamientos disuasorios, adquisición de autobuses o vehículos de recogida de residuos cero emisiones, implantación de itinerarios peatonales, mejoras de la accesibilidad, implementación de soluciones digitales para facilitar u optimizar el uso del transporte público, etc.

En la selección de los proyectos se valorará la madurez, la calidad y el impacto de los proyectos presentados por los municipios.

Las actuaciones podrán ser financiadas con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en hasta un máximo del 90% de los costes subvencionables, excepto la adquisición de autobuses urbanos y vehículos de limpieza cero emisiones, en los que se financia un precio unitario según categoría del vehículo, y todo ello siempre que no se supere la ayuda máxima por solicitante, que se fija en función de la población del municipio.

¿Cuáles son las condiciones y requisitos requeridos que han debido cumplir las ciudades para obtener estas ayudas?

Esta segunda convocatoria del programa de ayudas se dirige también a municipios con más de 50.000 habitantes, a capitales de provincia y a municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que cumplan determinadas condiciones, como disponer de un servicio de transporte público colectivo urbano interior. También se exige que el municipio disponga de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el momento de presentar su solicitud.

Un requisito relevante es que todos los proyectos deberán estar implementados antes del 30 de junio de 2025. Además, deberán cumplir toda la normativa ligada al Plan de Recuperación, incluyendo el cumplimiento de hitos y objetivos, máximo rigor en cuestiones medioambientales, disponer de un plan antifraude, entre otras obligaciones.

¿Qué líneas de actuación comprende y qué recorrido esperáis que tengan? ¿Qué se espera de estas ayudas a futuro?

El amplio abanico de actuaciones previstas se estructura en cuatro líneas. La primera de ellas es la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE). Esta línea incluye ayudas para desplegar señalización que delimite la zona de bajas emisiones, implantar sistemas de control de accesos y aparcamiento, sistemas de comunicación y gestión y bases de datos de vehículos autorizados y tratamiento de excepciones. También contempla la financiación de sensores y medidores de la calidad del aire, de ruido y de las emisiones de los vehículos y de sistemas de control de sanciones, entre otras actuaciones.

En segundo lugar, la transformación digital y sostenible del transporte público colectivo e impulso a la movilidad activa. Esta línea recoge proyectos que fomenten el cambio modal hacia una movilidad más sostenible, como la construcción o implantación de nuevos trazados de carriles reservados para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal (VMP), la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas o la implantación, ampliación o mejora de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal.

En este punto, cabe señalar que sólo se subvencionará este tipo de actuaciones si se trata de carriles segregados físicamente del tráfico rodado y del tráfico peatonal y forman parte de una red planificada.

La línea también incluye actuaciones para implementar zonas e itinerarios peatonales y mejorar la accesibilidad, para calmar el tráfico rodado o para construir aparcamientos que disuadan de acceder en coche a otros núcleos urbanos.

En cuanto a las medidas para potenciar el uso del transporte público, la línea financia la construcción de plataformas y carriles de priorización (o exclusividad) para transporte colectivo; actuaciones de mejora de la accesibilidad (personas con movilidad reducida y colectivos especiales) del sistema de transporte público, como por ejemplo, plataformas adelantadas, dársenas o apeaderos, y proyectos que mejoren la intermodalidad, tanto entre medios de transporte colectivo como con vehículos de última milla, entre otros.

Respecto a la distribución urbana de mercancías, se contempla la financiación de actuaciones de mejora e incorporar su planificación en los planes de movilidad urbana y en el diseño de las zonas de bajas emisiones. Por ejemplo, se podrán subvencionar nuevos modelos de distribución urbana con la implantación de “minihubs”, plataformas ciclologísticas, centros de consolidación urbana, puntos de recogida, taquillas inteligentes, etc.

La tercera línea está enfocada en fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una actividad de cero emisiones. Para cumplir el objetivo se promueve la adquisición de autobuses para flotas de transporte público colectivo y de vehículos pesados para servicios públicos de recogida de residuos o servicio de limpieza urbana, de ámbito municipal, propulsadas con energía eléctrica o con hidrógeno.

La cuarta línea de actuación se centra en la digitalización. Este eje contempla la digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte para la mejora del servicio y de la experiencia de usuario, tales como herramientas de planificación de viajes y mejora de la información del transporte o mejora de los procedimientos de “ticketing” y pago en el transporte público urbano, para la mejora del control de viajeros y la expedición y validación de billetes. También contempla proyectos de digitalización que permitan optimizar la planificación y gestión de la movilidad urbana, por ejemplo, adaptando la demanda de los servicios de transporte colectivo o estableciendo restricciones al tráfico en tiempo real.

Todas estas actuaciones, implementadas en los próximos 2-3 años, contribuirán a hacer realidad un verdadero cambio en la ordenación de movilidad en nuestras ciudades, que serán más respetuosas con la movilidad limpia y saludable, con tráfico más calmado y con mejores opciones de transporte público para satisfacer las necesidades de todas las personas.

"Todas estas actuaciones contribuirán a hacer realidad un verdadero cambio en la ordenación de la movilidad en nuestras ciudades"

¿Se prevé una nueva convocatoria si fuera necesaria para alcanzar los requisitos necesarios para transformar la movilidad de nuestras ciudades?

Esta segunda convocatoria forma parte del programa de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano que, a su vez, está incluido en el Componente 1 (I.1 C1) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por el Gobierno y la Comisión Europea.

La inversión completa está dotada con más de 2.900 millones de euros por lo que, además de los 1.500 millones de las ayudas a municipios, Mitma ha transferido a las Comunidades Autónomas, y ciudades de Ceuta y Melilla 900 millones de euros para financiar iniciativas que contribuyan a la puesta en funcionamiento de zonas de bajas emisiones y al impulso de la movilidad activa y la eficiencia del transporte colectivo; ha habilitado 400 millones de euros para transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas a través de las comunidades y ciudades autónomas; y ha puesto en marcha una estrategia para humanizar travesías de la Red Carreteras del Estado, dotada con 105 millones de euros de los fondos europeos.

¿Cuáles son, desde vuestra perspectiva, los principales retos hacia una transformación sostenible? ¿Cómo estáis enfrentando los retos concretos que supone la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)?

El Anteproyecto de Ley de movilidad sostenible refuerza y da más mecanismos legales para el establecimiento y refuerzo de las ZBE.

En dicho Anteproyecto de Ley se determina que las ZBE serán definidas y reguladas por los Ayuntamientos en sus correspondientes ordenanzas de movilidad sostenible, pero se exige expresamente que todo municipio empleará para la clasificación ambiental de vehículos de la Dirección General de Tráfico.

"El Anteproyecto de Ley de movilidad sostenible refuerza y da más mecanismos legales para el establecimiento y refuerzo de las ZBE".

Asimismo, con el fin de ampliar el catálogo de medidas que los municipios pueden adoptar para garantizar la adecuada calidad del aire en sus términos municipales y minorar las emisiones producidas por los vehículos a motor (principales emisores de gases contaminantes y por tanto factor fundamental que contribuye a la mala calidad del aire de nuestras ciudades), se habilita legalmente a que los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las ZBE.

También se indica que el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS) y su documentos complementarios formarán parte del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. El DOMOS establecerá el marco esencial de orientaciones sobre movilidad sostenible o condiciones orientativas de una planificación y gestión sostenible del transporte y la movilidad, y entre sus documentos complementarios se incluyen las directrices metodológicas sobre las ZBE.

En todo caso, el Mitma colabora activamente con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien está trabajando para publicar en breve un Real Decreto que defina los condicionantes específicos para la definición e implantación de estas ZBE y que complemente a las obligaciones recogidas en la Ley del Cambio Climático.

ZBE, digitalización y transporte público son los temas candentes de la movilidad actual. ¿Qué reflexiones hacéis sobre digitalización desde el Ministerio? ¿qué impactos prevéis y qué potencial consideráis que puede desencadenar si se consigue aprovechar todo su potencial?

Las nuevas tecnologías y la digitalización han supuesto, por un lado, un cambio en las formas de desplazarse de pasajeros y mercancías derivadas de la aparición de nuevos modelos de negocio, pero son también herramientas útiles para el desempeño de las actividades de la Administración.

Así, la planificación y la gestión de infraestructuras y servicios de movilidad se pueden beneficiar mucho de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para avanzar en la sensorización y el mantenimiento predictivo de infraestructuras, en la mejor adecuación oferta-demanda, en la integración física y digital de soluciones de transporte y servicios asociados, entre muchas otras posibilidades.

Todo ello sin olvidar que el objetivo final del uso de la tecnología y la digitalización en la movilidad, la mejora de la experiencia del usuario y de la eficiencia del transporte (la conducción autónoma y conectada favorece la conducción segura, las plataformas MaaS ofrecen viajes sin fisuras ni barreras, etc.).

En este escenario de irrupción de nuevas tecnologías de aplicación directa en los sistemas de transporte como el Big Data, Internet of Things, plaformas de Mobility as a Service o la Conducción Autónoma, la Administración se enfrenta a diferentes retos. Uno de ellos es regular estos nuevos ecosistemas digitales de manera que se respeten los derechos de los usuarios (incluyendo la accesibilidad, la seguridad y la privacidad de datos) y se cumplan los criterios de sostenibilidad, el principio de neutralidad tecnológica y la transición justa para empresas y trabajadores. Y todo ello debe de garantizarse sin menoscabar la capacidad innovadora del sector privado y sin olvidar la importancia de la competitividad.

Por otro lado, nos enfrentamos al reto de la adopción de tecnologías útiles para el desarrollo de la actividad de la Administración, es decir, para la planificación y gestión de servicios e infraestructuras de movilidad. Esta mejor planificación y gestión pasa también por ser capaz desde la Administración de predecir y anticipar los efectos que las nuevas formas de movilidad derivadas de los nuevos modelos de negocio del sector privado tienen sobre la movilidad de la ciudadanía.

Para todo ello, el sector público en este momento requiere más que nunca la colaboración del sector privado para acometer estos retos y canalizar la innovación en la planificación y gestión de la movilidad. El sector privado puede ayudar a normalizar materias complejas y que exceden el ámbito de conocimiento de la Administración o generen grandes incertidumbres.

"El sector público en este momento requiere más que nunca la colaboración del sector privado para canalizar la innovación en la planificación y gestión de la movilidad"

Es por esto que la digitalización tiene un papel importante en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del MITMA.

Por ejemplo, todo un eje, el EJE 5 – MOVILIDAD INTELIGENTE, es de alto componente tecnológico y con medidas asociadas a la movilidad como servicio (MaaS) y al uso de datos, a implantar sistemas inteligentes de transporte o a la conducción autónoma. Incluye aspectos sobre las Estaciones Inteligentes, ticketing integrado y viajes sin barreras. También, la movilidad compartida (carsharing, VTC, VMP, bici pública, etc.), solo será viable gracias al desarrollo de herramientas digitales y el uso extendido de smartphones.

Otras soluciones mencionadas en la estrategia son los sistemas ITS para la gestión del tráfico, como por ejemplo sistemas de control dinámico de tráfico o de gestión inteligente de carriles en los grandes accesos a las ciudades.

Se avanza también en medidas que se basan en el big data, el IoT y la Inteligencia Artificial para la previsión de incidencias y control de aforos, por ejemplo, o para avanzar definitivamente en el mantenimiento predictivo.

Y en dicho Eje 5 también se incluyen medidas destinadas a la automatización de buques, trenes y otros procesos relevantes en el sector del transporte y la logística.  En el ámbito ferroviario, la automatización tiene potencial para reducir los tiempos de reacción de los maquinistas, lo que redunda en una reducción de la dispersión en los tiempos de recorrido y, por tanto, en que más trenes por hora puedan circular con la misma infraestructura. Además, se logra una mayor calidad del servicio gracias a la mayor puntualidad y mayor confort al evitar aceleraciones-desaceleraciones. Asimismo, se optimiza el consumo energético y la flota de vehículos y personal a bordo.

Por otro lado, el texto del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible incorpora dos medidas muy importantes asociadas a la innovación: La digitalización y automatización del transporte y datos abiertos es una de ellas. Se aborda la regulación en materia de digitalización y datos abiertos, con el fin de disponer de información en formato digital que permita que desde las administraciones públicas se tenga un mayor conocimiento del sistema de transportes y movilidad para mejorar así la definición de las políticas públicas y la gestión del sistema. En la Ley también se promueve la disponibilidad de información mediante datos abiertos, que favorezca el desarrollo de aplicaciones que permitan a los ciudadanos la adopción de decisiones sobre la planificación de sus viajes y durante el desarrollo de los mismos, así como la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la experiencia durante el viaje. También se favorece la investigación, la creación de nuevos desarrollos y negocios a partir de todos estos datos que se generan en el ecosistema del transporte y la movilidad; y fomentar el uso de estos datos para otros fines de interés público que puedan surgir.

El fomento de la innovación en transporte y movilidad es la segunda medida. Se promueve la creación de un sandbox que permita que el promotor de un proyecto innovador en movilidad pueda llevar a cabo su actividad innovadora (nuevo servicio, nueva tecnología, nuevo modelo de negocio…) en un entorno de pruebas acotado (en tiempo, extensión, número de usuarios, etc.), en el marco de un protocolo ad-hoc y con la participación en todo el proceso de las administraciones implicadas, y que facilite su llegada al mercado.

En cuanto a transporte público, ¿hacia dónde debe evolucionar? ¿Qué veremos en este aspecto en los próximos años?

La movilidad eléctrica tiene sin duda un importante papel en la reducción de emisiones de este sector, en tanto los motores eléctricos generan menores emisiones de CO2 y de otras partículas contaminantes, y además permiten incorporar fuentes de energía de origen renovable y reducen la dependencia de las fuentes de energía fósiles.

Desde el MITMA la apuesta por la electrificación de las flotas de autobuses urbanos es total. Creemos que el autobús eléctrico es ya una realidad y que la transformación de flotas en las áreas urbanas/metropolitanas es algo que se puede conseguir en la próxima década.

"Desde el MITMA la apuesta por la electrificación de las flotas de autobuses urbanos es total".

En cuanto al transporte por carretera, en el futuro inmediato convivirán inevitablemente varios modos de propulsión. Ya se ve una cierta flota de vehículos de cero emisiones en nuestras carreteras, principalmente en la distribución urbana y regional de mercancías, que conviven con los vehículos de combustión interna. En el largo recorrido las soluciones de cero emisiones tardarán algo más de tiempo. Desde la Administración hay que apostar desde ya mismo por las soluciones que se muestren más sostenibles, y que pueden ir abarcando mayores nichos de mercado en un muy corto plazo de tiempo.

En ese sentido, nuestros objetivos de descarbonización están íntimamente ligados a los objetivos europeos que fijan los 27 Estados Miembros conjuntamente, así como a los compromisos internacionales a los que España se ha sumado como país.