Medio Ambiente

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado de la consejera delegada de Madrid Calle 30, Rosalía Gonzalo, ha asistido esta mañana al inicio de la campaña de eliminación de pintadas vandálicas que el Ayuntamiento va a desarrollar durante dos meses en el entorno de la M-30, unas labores que englobarán todos los muros y paredes que rodean la vía de circunvalación. Estas actuaciones consistirán en su retirada tapándolos con pintura, con lo que se van a limpiar más de 30.000 metros cuadrados de grafitis.

Por primera vez, el Área de Medio Ambiente y Movilidad va a incrementar de una a cuatro las campañas anuales de limpieza de grafitis que se realizan en este entorno de la M-30 con el objetivo de evitar que sus autores se centren en este paisaje urbano. Además, se llevarán a cabo otras medidas para reducir estos actos vandálicos como la plantación de vegetación para dificultar el acceso a los muros y reducir su visibilidad, de manera que resulte menos apetecible hacer un grafiti.

Al margen de la M-30, cuya campaña se incluye en el servicio de mantenimiento que se abona a la empresa de conservación, la eliminación de pintadas en toda la ciudad forma parte del contrato de limpieza integral que depende de la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos del Área. El coste anual derivado de la limpieza de grafitis es de aproximadamente 2.645.000 euros, pero varía cada año en función de las necesidades de la ciudad. El coste diario aproximado es de 10.780 euros y son necesarios 28 operarios con 24 vehículos para poder llevar a cabo esta labor diariamente en todo Madrid.

Uno de los compromisos electorales del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es erradicar las pintadas vandálicas de la ciudad por el efecto de degradación y suciedad que provocan. Prometió endurecer el régimen sancionador contra aquellos que ensucien el paisaje urbano y provoquen los consiguientes perjuicios económicos y así ha sido. El Ayuntamiento ha aumentado el importe de las sanciones, que la ley permite que oscilen entre los 300 y los 3.000 euros, y que en caso de reincidencia puedan duplicar su importe. Este nuevo importe se comenzó a aplicar en diciembre.

Las multas se rigen por el artículo 20 de la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.