Medio Ambiente

Las entidades locales juegan un papel central en la gestión de los residuos municipales, debiendo utilizar todas las herramientas a su alcance para el aumento de la recogida selectiva, y así contribuir a la obtención de mayores niveles de reciclaje.

Las herramientas económicas y fiscales pueden ser un eje fundamental para ello, siendo centrales tanto para la adecuada financiación de los servicios como para generar incentivos hacia una gestión más eficiente. No en vano, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, otorga una mayor importancia a la fiscalidad municipal. Así, entre otros aspectos, se establece, para 2025, la obligatoriedad de contar con figuras cobratorias específicas de residuos a nivel local, sean tasas o prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Además, estas figuras tendrán que cubrir al completo los costes del servicio de gestión de residuos.

Para abordar estos retos conviene conocer cuál es la situación actual de la fiscalidad de los residuos municipales en España

Desde el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos (OFR), auspiciado por la Fundació ENT, llevamos años elaborando informes que pretenden arrojar luz sobre estas cuestiones. Así, en las próximas semanas publicarán la caracterización de las tasas de residuos en España para 2022. El informe pone de manifiesto la heterogeneidad que predomina, tanto en la dimensión cualitativa de su articulación mediante bases imponibles o beneficios fiscales, como en la dimensión cuantitativa que configura las cuotas y los grados de cobertura del servicio.

Si bien la utilización de tasas de residuos u otras figuras cobratorias específicas está ampliamente extendida en España (están presentes en el 97,6% de los municipios analizados), únicamente el 14,4% de las figuras analizadas son de titularidad supramunicipal (p.e. mancomunadas). Este aspecto indica que todavía existe un amplio margen para el aprovechamiento de las economías de escala, reduciendo así el coste de gestión tributaria. Asimismo, el importe medio de las cuotas domésticas para el 2022 es de 92,5 € anuales por hogar. Ha habido un incremento medio del 2,7% en la media de la cuota doméstica respecto del año anterior, muy inferior al incremento del 6,1% del IPC desde enero del 2021 a enero del 2022.

Por otro lado, la ya mencionada Ley 7/2022 introduce, por primera vez en el contexto estatal, el concepto de pago por generación (“pay as you throw”). Esta introducción, si bien no tiene un carácter obligatorio, supone un salto cualitativo para incentivar la separación en origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos mezclados. No obstante, el número de experiencias de pago por generación en España es todavía muy pequeño. Por el contrario, el estudio del OFR para 2022 pone de relieve la significativa presencia de cuotas fijas entre las entidades locales españolas (47,5% de los municipios analizados).

También los beneficios fiscales con motivación ambiental están escasamente presentes, denotando de nuevo un amplio margen de mejora para incentivar buenas praxis en materia de gestión de residuos entre los usuarios

A nivel comercial, la diferenciación de las cuotas está mucho más consolidada (92,6% de los municipios de la muestra), siendo común definir las cuotas en función de la categoría comercial y la superficie. Sin embargo, son infrecuentes los beneficios fiscales que incentiven las buenas prácticas ambientales. Este hecho sugiere que el potencial que presentan las figuras cobratorias específicas para mejorar la gestión de los residuos no está suficientemente explotado.

En conjunto, la nueva Ley 7/2022 otorga la responsabilidad a los entes locales de adecuar sus figuras cobratorias a un horizonte más ambicioso en materia de gestión de residuos y a hacerlo a más tardar en 2025. En este sentido, la Ley, aunque llega tarde y en algunos puntos adolece de falta de ambición, supone un paso adelante en esta materia en concreto, y las obligaciones previstas sobre tasas de residuos y demás figuras cobratorias supondrán un reto a corto plazo para la gran mayoría de las entidades locales.