El actual modelo de recogida y reutilización de ropa y calzado fruto de las donaciones va a evolucionar a uno nuevo en el que las entidades locales tienen el reto de propiciar la recogida selectiva de la mayor cantidad posible de textil y calzado
En los últimos cien años, el consumo mundial de materiales por persona y año se ha duplicado y la población se ha multiplicado por cinco. Estos datos experimentan una clara tendencia al crecimiento y resulta urgente tomar medidas que reduzcan esta presión sobre los recursos naturales de nuestro planeta.
Las previsiones de crecimiento acelerado del volumen de residuos textiles generados se mantienen. Según la GFA (Global Fashion Agenda), un 62% entre 2015 y 2030. Actualmente se estima que en la Unión Europea se generan cada año 12,6 millones de toneladas de residuos textiles, solo la ropa y el calzado desechados suponen 5,2 millones de toneladas, unos 11 kilos por persona y año. Y para agravar esta situación hay que añadir que menos del 1% de los textiles a nivel global se reciclan para fabricar nuevos productos.
Las previsiones de crecimiento acelerado del volumen de residuos textiles generados se mantienen. Según la GFA (Global Fashion Agenda), un 62% entre 2015 y 2030.
Hasta la fecha, España no ha contado con una normativa clara y operativa que regulase esta problemática y favoreciese la circularidad de estos residuos textiles, imperando un modelo de recogida y aprovechamiento de estos materiales fruto de la contribución voluntaria de la ciudadanía a través de los contenedores instalados en la vía pública. Y ha sido la economía social, principalmente entidades solidarias como Cáritas y empresas de inserción como Koopera, quienes se han ocupado de recoger estos residuos selectivamente y prepararlos para la reutilización y el reciclaje. Más de la mitad de los textiles y del calzado desechados que se recogen selectivamente lo hacen empresas de inserción y entidades de la economía social.
El actual modelo de recogida y reutilización de ropa y calzado fruto de las donaciones de la ciudadanía va a evolucionar, en un futuro cercano, a uno nuevo en el que las entidades locales tienen el reto de propiciar la recogida selectiva de la mayor cantidad posible de textil y calzado desechados.
El actual modelo de recogida y reutilización de ropa y calzado fruto de las donaciones de la ciudadanía va a evolucionar, en un futuro cercano, a uno nuevo en el que las entidades locales tienen el reto de propiciar la recogida selectiva de la mayor cantidad posible de textil y calzado desechados.
La necesidad de actuación por parte de la administración en este ámbito ha propiciado que desde la Unión Europea se haya establecido que el 1 de enero de 2025, como fecha límite, los Estados miembros deberán implantar la recogida separada de residuos textiles y que la recogida separada y el transporte a plantas de tratamiento específicas de residuos textiles y del calzado sea un servicio municipal de prestación obligatoria para todas las entidades locales.
Pero esta nueva normativa trae consigo importantes desafíos de gestión. Por ejemplo, la obligatoriedad de su recogida selectiva y posterior tratamiento, hará crecer el volumen de textiles a gestionar y aumentará el porcentaje de la fracción no reutilizable. En este contexto, los sistemas de responsabilidad ampliada de los productores del sector textil y del calzado (SCRAP), que entrarán en vigor en abril de 2025, tendrán la obligación de reintegrar los costes derivados a las haciendas locales.
El Gobierno español tiene una gran oportunidad en este momento inicial, de aprobar un Real Decreto que posibilite que el sistema de recogida, clasificación, preparación para la reutilización (incluida la reparación), reutilización, reciclaje y, en última instancia, valorización energética, esté suficientemente financiado y coordinado.
Se abre un escenario idóneo para que un marco regulatorio propicio impulse la labor de la economía social tanto de los contratos públicos de recogida y transporte, como los que formalicen los SCRAP para la logística y clasificación de residuos textiles.
Se abre un escenario idóneo para que un marco regulatorio propicio impulse la labor de la economía social tanto de los contratos públicos de recogida y transporte, como los que formalicen los SCRAP para la logística y clasificación de residuos textiles.
De este modo las empresas de economía social podrán continuar realizando su labor de gestión de este tipo de residuos de un modo eficaz y eficiente para cumplir tanto los objetivos de la economía circular como los de promoción y protección de la economía social.
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