Movilidad

Ante un tráfico inmanejable y una calidad del aire que pone en peligro la salud, cientos de ciudades europeas están adoptando medidas para reducir el número de vehículos que atascan sus calles. El objetivo no es otro que disminuir los niveles de contaminación atmosférica y mejorar la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en ellas. La mayoría lo hace introduciendo zonas de bajas emisiones (ZBE) en el centro de sus ciudades.

Entre los proyectos más destacados están los de Berlín, Londres, Milán y Estocolmo, aunque sus planteamientos varían. Algunas ciudades restringen los tipos de vehículos autorizados a circular, mientras que otras permiten un acceso escalonado en función de criterios como el número de matrícula. También las hay que exigen a los conductores el pago de “tasas de tráfico” para entrar en algunas partes de la ciudad.

Polémica en torno a Madrid Central

Estas medidas no siempre tienen una aceptación generalizada. Por ejemplo, la zona de bajas emisiones de Madrid, popularmente conocida como Madrid Central, se convirtió a finales del año pasado en un campo de batalla político.

A finales de septiembre, tras un recurso presentado por Vox, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las zonas de bajas emisiones (ZBE) en la capital, decisión que el Ayuntamiento recurrió.

Los magistrados consideraron que se da una “patente insuficiencia del informe económico” en la ordenanza municipal que establece las ZBE. En particular, señalaron la falta información para valorar el impacto de estas zonas en la población con rentas más bajas o en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

Sin entrar en el terreno político, en un momento en que cada vez más ciudades de España y del mundo apuestan por mejorar la calidad del aire creando ZBE, vale la pena considerar tanto los beneficios sociales como los costes asociados a este tipo de políticas. Sólo así podremos tener en cuenta las contrapartidas que toda norma ambiental implica.

Esto es lo que quisimos hacer en un estudio que analiza el impacto medioambiental y económico de dicha medida poco después de su implantación. Y los resultados han sido claros: baja la contaminación y disminuye el tráfico, pero, por lo menos a corto plazo, los comercios de la zona sufren.

La mejora de la calidad del aire es indudable

Primero, un poco de contexto. El 30 de noviembre de 2018 se introdujo por primera vez la ZBE de Madrid Central, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación. Con anterioridad, la ciudad había incumplido con regularidad la normativa europea en este ámbito, lo que ocasionó que fuera multada por ello. Para revertir la situación, el sistema de ZBE de Madrid Central instauró medidas especialmente restrictivas en comparación con otras ciudades del continente, que afectan a la mayor parte de los vehículos.

En la actualidad, la capital española cuenta con 33 estaciones de control de la calidad del aire que recogen datos para la Agencia Europea de Medio Ambiente. A la par con otros estudios, nuestro análisis de las cifras sobre la concentración de dióxido de nitrógeno (NO₂) de la estación correspondiente a Madrid Central –en el que se tuvieron en cuenta factores meteorológicos, días festivos y otros– confirmó que la ZBE había disminuido la contaminación en un 19 %.

Asimismo, los datos de más de 4 000 monitores de tráfico, encargados de medir la circulación en intervalos de quince minutos, certificaron que la congestión de tráfico en esta área disminuyó hasta un 16 % tras la implantación de la ZBE.

Este éxito contrasta con los resultados de restricciones sobre el tráfico (muchas veces menos contundentes que las de Madrid) en otras ciudades del mundo. Estudios realizados en Ciudad de México y Bogotá, por ejemplo, demostraron que la calidad del aire no mejoró en esas capitales, aunque en lugares como Santiago de Chile sí que fueron efectivos.

El impacto económico

Evidentemente, cualquier política transformadora comporta una serie de consecuencias. Así, quisimos analizar qué impacto tenía esta medida sobre los comercios de la zona. Si la gente no podía ir en coche hasta el centro, ¿iban a seguir comprando en los comercios de la zona?

Recurrimos a datos de gasto en tarjetas de crédito y débito con el fin de observar las transacciones en comercios físicos y electrónicos de consumidores domiciliados en distintos códigos postales. De este modo, pudimos examinar las compras realizadas en Madrid Central por consumidores ubicados en otras partes de la ciudad.

La comparativa del gasto anterior y posterior a la implementación de la ZBE muestra un descenso del 21 % en comercios tradicionales de Madrid Central por parte de residentes en otras zonas de la ciudad.

Pese a este descenso, nuestro estudio identifica un aumento del 12 % en el gasto en compras digitales para la misma área e idéntico grupo poblacional. Esto no significa que dichas operaciones digitales no beneficiaran a diferentes tipos de vendedores, provocando que las pérdidas puedan recaer mayoritariamente en empresas más pequeñas sin canal digital de ventas.

Una medida efectiva

El gasto comercial no es el único impacto económico. Las zonas de bajas emisiones pueden disminuir la congestión y mejorar la calidad del aire y, a consecuencia de ello, la salud de los ciudadanos.

Otras investigaciones han demostrado que una mejora en la calidad del aire disminuye los nacimientos prematuros o de bajo peso por año, así como el número de pacientes hospitalizados por problemas respiratorios y complicaciones cardiovasculares. Estas mejoras en la salud de la población implican un ahorro sanitario anual considerable.

Así pues, la adopción de ZBE y medidas similares en España y el resto del mundo plantea un importante reto: combinar sus efectos positivos con la adopción de medidas que protejan a los comercios minoristas y las pymes.

Por un lado, es indispensable ofrecer alternativas de transporte público que permitan el fácil acceso a la ciudad. Disfrutar de un aire limpio es, sin lugar a dudas, crucial. Por otro lado, las Administraciones públicas deben ser conscientes de la importancia de aplicar políticas que suavicen posibles consecuencias negativas sobre la economía, para así asegurar que la implantación de dichas medidas no se convierte en una batalla política.

Artículo de Ricard Gil, IESE Business School (Universidad de Navarra).