En la Unión Europa, los gobiernos dedican alrededor de un 14% de su PIB a la compra de productos y a la adquisición de servicios. De ahí que la contratación pública sea considerada un instrumento clave para fomentar la sostenibilidad, la circularidad y la innovación: en sus licitaciones, los organismos públicos pueden introducir criterios relativos a los impactos ambientales, sociales y económicos, o relativos al carácter innovador de aquello que quieren adquirir, para que estos, y no el precio, sean los factores determinantes en la adjudicación de los concursos.
La contratación pública sostenible (Sustainable Public Procurement, SPP son sus siglas en inglés) consiste en pensar detenidamente en lo que se quiere comprar, comprar solo lo que se necesita y en buscar y lograr el equilibrio apropiado entre los tres pilares del desarrollo sostenible –el económico, el social y el medioambiental– en todas las fases de una compra pública 1. Por su parte, la contratación pública circular se engloba dentro de la contratación verde y hace hincapié en que aquello que se adquiera contribuya a crear circuitos cerrados de energía y materiales en las cadenas de suministro, a la vez que se minimizan y, en el mejor de los casos, se evitan los impactos ambientales negativos y la creación de residuos durante todo el ciclo de vida 2. La compra pública de soluciones innovadoras (Public Procurement of Innovative Solutions, PPI son sus siglas en inglés) sucede cuando el sector público utiliza su poder adquisitivo para ser uno de los primeros en adoptar soluciones innovadoras que todavía no están disponibles a gran escala comercial 3.
Según las conclusiones de diversos proyectos europeos en los que se ha encuestado a las personas encargadas de redactar las licitaciones en entes públicos locales, regionales o estatales, los principales obstáculos a la hora de llevar a cabo compras sostenibles, circulares o innovadoras son varios: desde la falta de apoyo político, a la falta de conocimiento –tanto sobre en qué consisten este tipo de adquisiciones, sobre en cómo se implementan–, el miedo a incumplir la legalidad, la visión cortoplacista –se cree que los productos sostenibles o innovadores son más caros, porque solo se tiene en cuenta el precio de compra, pero no se valora el ciclo de vida y el coste que puede tener, por ejemplo, reciclar un producto “barato”– y el inmovilismo –el convencimiento de que lo que se ha hecho hasta ahora ya está bien, por ello no hace falta cambiarlo, ni invertir tiempo en modificar nada.
Cuando los contratos piensan más allá del precio, los beneficios son múltiples. Son muchos los gobiernos que en la actualidad están utilizando la compra sostenible y la compra circular para lograr sus objetivos ambientales, objetivos tales como la reducción de gases de efecto invernadero a través de la compra de productos con huellas ecológicas bajas, o la minimización de los residuos gracias a la introducción de criterios de reciclaje o reutilización en las licitaciones. Este tipo de compras también puede tener un impacto social y fomentar la igualdad de género, la inclusión laboral de determinados colectivos e, incluso, mejorar las condiciones laborales de trabajadores en terceros países, en los que se lleva a cabo la producción. Y pese a que este tipo de licitaciones no se adjudica a la oferta económicamente más ventajosa, los beneficios económicos también están ahí, ya que la contratación pública sostenible puede ahorrar dinero y recursos al considerar el coste del ciclo de vida. Asimismo, puede favorecer la innovación, algo que la compra pública de innovación sí tiene como objetivo impulsar: por un lado, facilita la modernización del sector público y, por el otro, apoya a aquellas empresas –muchas de ellas pymes–, que trabajan en el desarrollo de soluciones innovadoras y que, de no ser por los organismos públicos, tendrían muy difícil comercializar ciertos productos que acaban de lanzar al mercado. En la actualidad, existen diversas iniciativas y proyectos europeos para favorecer las compras sostenibles, circulares e innovadoras. Algunas buscan incluso la colaboración entre gobiernos de distintos países para aumentar el poder de compra y, con ello, el de negociación con los proveedores potenciales.
Big Buyers es una plataforma de la Comisión Europea para promover la colaboración entre grandes compradores públicos con el fin de implementar contrataciones públicas estratégicas. Al trabajar de forma conjunta y unir sus recursos, las ciudades, los organismos centrales de compras y otros entes públicos que llevan a cabo licitaciones pueden maximizar su poder e impacto en el mercado. ICLEI – Gobiernos Locales para la Sostenibilidad y EUROCITIES son las redes encargadas de ejecutar esta iniciativa en nombre de la Comisión Europea.
Durante los primeros meses desde la puesta en marcha de la iniciativa, se hizo un llamamiento a aquellos “compradores” interesados en participar. En estas últimas semanas, las ciudades e instituciones interesadas han abordado cuáles son las áreas con mayor potencial de colaboración. Como resultado de estas reuniones, se ha decidido iniciar dos grupos –que se suman al ya existente centrado en “obras con cero emisiones”. Estos dos grupos son: “vehículos eléctricos”, que analizará la factibilidad de realizar una compra conjunta de vehículos eléctricos para carga pesada, como camiones de basura y equipos de limpieza de calles, y “materiales circulares de construcción”, que tratará de desarrollar criterios para la promoción del uso de este tipo de materiales en las compras públicas.
El proyecto europeo Procure2Innovate, que arrancó en 2018 y finalizará en diciembre de 2021, trabaja por mejorar el apoyo institucional a los compradores públicos de tecnologías de la comunicación y de la información, así como de otros sectores clave. Para lograrlo, los centros de competencia de diez países se han unido en una red para intercambiar experiencias y conocimientos. Son Austria, Alemania, España, Países Bajos y Suecia –en los que los centros de competencia ya están en pleno funcionamiento- y Estonia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal –donde los centros están en fase de creación o expansión. El objetivo último es promover la compra pública de innovación. “El sector público es un agente económico clave para el desarrollo de un país. En España, las licitaciones públicas representan una media del 13% del PIB y un 33% del gasto público. A través de la compra pública de innovación, las administraciones estimulan la innovación empresarial y mejoran los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía”, explica Sergio Capitán, Director de la Oficina de Compra Pública del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). El CDTI es el centro de competencia español que pertenece a la red Procure2Innovate.
Capitán también subraya el rol de la contratación pública de innovación en el impulso de las pymes. “Aunque la compra pública de innovación es todavía un instrumento infrautilizado, supone una nueva vía para impulsar la innovación en las empresas, superando el esquema tradicional de ayudas. Las empresas jóvenes, con marcado carácter tecnológico, que son en su mayoría pymes, se encuentran muy cómodas trabajando bajo este esquema que les proporciona una primera venta y un demostrador real de su producto, proceso o servicio. La compra pública de innovación es clave en determinados sectores en los que el sector público es el principal cliente y existe un gran número de pymes: medio ambiente, seguridad civil, emergencias y salud”.
Asesoría, formación… son algunos de los servicios que los centros de competencia de cada país ofrecen a los compradores públicos para apoyarles en el camino de la compra pública de innovación.
Otro proyecto financiado por la Unión Europea es Innovation Procurement Brokers (InnoBrokers), liderado por la Agencia Andaluza del Conocimiento. Su objetivo es facilitar la compra de innovación al reforzar la relación entre compradores públicos y empresas innovadoras. En una primera fase, el proyecto está ayudando al sector público a identificar sus necesidades. Una vez identificadas y definidas, InnoBrokers pone en contacto al comprador público con pymes y start-ups interesadas en y capaces de desarrollar soluciones que respondan a los requisitos de la demanda.
Los ganadores de la presente edición de los Premios Procura+, un reconocimiento a las adquisiciones públicas que introducen criterios de sostenibilidad o innovación, se dieron a conocer el pasado 24 de octubre en la Nordic Edge Expo, en Stavenger (Noruega). En la categoría de “Compra Sostenible del Año”, la ganadora fue la ciudad de Gante (Bélgica). La Generalitat de Catalunya quedó en segundo lugar con su contrato marco sostenible para los servicios de limpieza. El premio a la “Iniciativa de Compra del Año”, que reconoce aquellas adquisiciones que tienen un importante componente estratégico, sostenible e innovador, fue para la ciudad de Zúrich (Suiza), por la utilización de hormigón reciclado en sus edificios. Zúrich competía por el premio con Ihobe, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, que fue candidata al premio gracias a su despliegue de la contratación verde en el sector público vasco.
La municipalidad de Frederiksberg (Dinamarca) se hizo con el premio a la mejor “Compra Innovadora del Año” y el CERN se alzó con el galardón a la “Innovación Destacada en la Compra de TICs”. El sector público tiene una gran responsabilidad, a la vez que es clave, a la hora de asegurar que nuestras sociedades avanzan en las sendas de la sostenibilidad, la circularidad y la innovación para el beneficio de toda la ciudadanía.
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1 https://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm
2 https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
3 https://ec.europa.eu/digital-single- market/en/public-procurement-innovative-solutions
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