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La creciente generación de desechos y la necesidad de mitigar sus impactos ha puesto la gestión de residuos en el centro del debate municipal, obligando a las administraciones locales a buscar soluciones más eficientes y sostenibles. Para abordar esta complejidad, es fundamental implementar modelos fiscales equitativos, establecer sistemas de recogida selectiva eficientes, fomentar la voluntad política, garantizar recursos financieros y técnicos adecuados, construir infraestructuras robustas y aprovechar la digitalización junto con una gestión eficiente de datos. Asimismo, es esencial cultivar una colaboración efectiva entre los distintos actores, tanto dentro del municipio como entre diferentes niveles de administración, y promover la participación activa de la ciudadanía. En este reportaje, los expertos consultores Indíbil Batlle, Director de Residuos en Anthesis, e Ignasi Puig, Director de Proyectos en ENT Medio Ambiente y Gestión, ofrecen sus perspectivas sobre las barreras y oportunidades en este ámbito, enfatizando la necesidad de un enfoque holístico que integre todos estos elementos para avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente y sostenible.

Al evaluar el estado actual de la gestión de residuos en los municipios españoles, los expertos coinciden en que, si bien se observan ciertos avances en los últimos años, aún persisten desafíos significativos para cumplir con las normativas europeas y la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Ignasi Puig subraya la relevancia de esta ley, que considera “incomparablemente mejor” que la de 2011. Además, destaca con positivismo que cada vez existe una mayor aceptación y concienciación sobre la recogida separada y la importancia de tratar adecuadamente la materia orgánica. Indíbil Batlle coincide en la identificación de avances, destacando la implantación de la recogida del biorresiduo en muchos municipios como un paso positivo. Destaca también los emergentes avances tecnológicos en equipamiento, vehículos y sistemas de gestión, que permiten la recogida de datos en tiempo real, lo que se traduce una mejora en la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión.

A pesar de estos progresos, los expertos advierten que la situación de la gestión de residuos en España aún presenta serias deficiencias. Batlle señala que, en la actualidad, la tasa media de reciclaje en España ronda el 35%, muy por debajo del 50% que exige la Comisión Europea, lo que coloca a muchos municipios en una situación comprometida. Puig comparte una visión crítica sobre la situación actual, advirtiendo que España sigue rezagada respecto a otros países de la Unión Europea en materia de gestión de residuos. Según él, tanto los avances en reciclaje como prevención, han sido insuficientes hasta la fecha y “estamos más lejos de cumplir los objetivos previstos para 2025 que lo estábamos de cumplir los de 2020”. Para Puig, los bajos niveles de reciclaje están directamente relacionada con la falta de una recogida separada efectiva, y aunque reconoce que los municipios no son directamente responsables del reciclaje final, sí lo son de asegurar una separación adecuada en origen.

Fiscalidad y residuos

En este desafiante contexto, los profesionales comulgan en que la fiscalidad está emergiendo como un factor crucial en la transición hacia una gestión más sostenible de residuos en España. Sin embargo, su impacto ha sido muy limitado en el pasado y todavía enfrenta a ciertos desafíos. Puig recalca que antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, España figuraba entre los pocos países de la Unión Europea que no contaba con un impuesto sobre el vertido y la incineración. En este sentido, la introducción de dicho impuesto en 2023 marcó un paso importante hacia la coherencia en el discurso, alineando los objetivos económicos y ambientales, aunque su impacto y efectos siguen siendo “tímidos”, opina el experto, considerando que los tipos impositivos son insuficientes para provocar un cambio significativo en la cadena de producción o en la gestión de residuos.

No obstante, Puig defiende el impacto positivo y directo de implementación de políticas fiscales, tales como el impuesto sobre el vertido y la incineración, que han promovido la implementación de sistemas de recogida selectiva. Al modificar los costos asociados a las alternativas menos sostenibles, se establecen condiciones más propicias para que los municipios adopten prácticas de gestión más eficientes. Según el experto, estas medidas son fundamentales para garantizar que los incentivos se traduzcan efectivamente en acciones concretas por parte de las administraciones locales.

Indíbil agrega que, en el actual contexto en que los sistemas actuales de gestión de residuos siguen siendo ineficaces en términos de sostenibilidad y la generación de residuos supera ampliamente la cantidad recuperada, la fiscalidad ha comenzado a actuar como un catalizador de emergencia, utilizando incentivos y penalizaciones económicas, que pese a no ser la opción más deseable, son necesarios para impulsar un cambio en la conducta de la ciudadanía y los sistemas de gestión, apunta.

Actualmente, la media nacional de cobertura de costes se sitúa en torno al 60%, lo que evidencia la necesidad de ajustar y ampliar estas tasas para cumplir con la normativa vigente y asegurar una financiación sostenible y completa del sistema.

Nueva tasa de residuos

En consonancia con esta situación, cabe mencionar que, con la llegada de 2025, todos los ayuntamientos en España deberán establecer una tasa de residuos que cubra el 100% de los costes de recogida y tratamiento, lo que representa un cambio trascendental para muchos municipios, que aún no han implementado esta tasa o no la aplican de manera adecuada. Aunque un 97% de los municipios ya dispone de algún tipo de tasa, en muchos casos no se logra cubrir los costes íntegros asociados al servicio. Actualmente, la media nacional de cobertura de costes se sitúa en torno al 60%, lo que evidencia la necesidad de ajustar y ampliar estas tasas para cumplir con la normativa vigente y asegurar una financiación sostenible y completa del sistema.

Por su parte, Batlle advierte que, la implantación de esta tasa puede generar cierta resistencia, especialmente si no se comunica de manera clara su propósito y beneficios. En este sentido, la transparencia será esencial para explicar que el incremento de la tasa no es arbitrario, sino una herramienta necesaria para avanzar hacia una gestión más sostenible. 

Para Puig, la pretensión de esta ley, cuyo objetivo es dotar a los municipios de más recursos y despolitizar el debate sobre las tasas, es bastante loable. A pesar de los retos, el experto argumenta que la mayoría de los municipios deberían ser capaces de cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la ley: existencia de la tasa y cobertura de costes. Incluso para los municipios más pequeños, cuya capacidad técnica y económica es menor, existen mancomunidades y organismos submunicipales que pueden facilitar este proceso, apunta. Sin embargo, el desafío se incrementa de manera notable cuando se incorporan otros modelos fiscales o sistemas tarifarios más complejos, como el sistema de pago por generación, añade.

El debate entorno a la “tasa justa”

En este contexto, el experto de Anthesis reflexiona sobre la importancia de contar con una comprensión clara de los costes asociados a la gestión de residuos, aspecto fundamental para establecer una tasa justa. Pero, ¿qué se entiende por tasa justa? Este concepto ha suscitado debates significativos en torno a cómo equilibrar la equidad social con la sostenibilidad económica. Según Batlle, una tasa equitativa debe reflejar el uso real que cada ciudadano o sector hace del sistema de gestión de residuos, asegurando que quienes generan más contribuyan proporcionalmente al coste de su tratamiento. Además, es esencial que la tasa funcione como un mecanismo que promueva cambios en los hábitos ciudadanos, incentivando la recogida selectiva y enfatizando que los residuos no recuperados deberán ser financiados por todos los contribuyentes.

Puig coincide con esta perspectiva, señalando que el concepto de pago por generación está recogido en la legislación estatal, y se entiende como aquella tasa en la que cada contribuyente paga de acuerdo con la cantidad real de residuos que genera. Este enfoque podría implementarse de manera automática si existiera un sistema de "contador" de residuos, similar al que se utiliza para otros bienes y servicios. Para lograr este fin, es necesario contar con sistemas de recogida altamente eficientes, como los sistemas de recogida puerta a puerta o los contenedores inteligentes, que permiten medir con precisión el volumen o peso de los residuos. Un ejemplo significativo se encuentra en Cataluña, donde ya hay unos 40 municipios con sistemas de pago por generación, aplicando el principio de "quien contamina, paga".

"Una tasa equitativa debe reflejar el uso real que cada ciudadano o sector hace del sistema de gestión de residuos, asegurando que quienes generan más contribuyan proporcionalmente al coste de su tratamiento", destaca Indíbil Batlle, director de Residuos en Anthesis.

Por último, el experto de ENT destaca la necesidad de que todas las tasas de residuos estén fundamentadas en informes técnico-económicos sólidos, algo que a menudo se ha descuidado en el pasado sin consecuencias significativas. Sin embargo, dado el aumento de disputas sobre este tema, es crucial contar con dicho respaldo. Estos informes deben incluir un análisis detallado de los costes e ingresos del servicio, así como una justificación clara de las tasas establecidas, explicando a cada contribuyente por qué debe pagar una cantidad específica para garantizar la cobertura del servicio. 

Impacto socioeconómico

La correcta implementación de la nueva tasa de residuos tendrá un impacto socioeconómico significativo para los municipios y los ciudadanos, que Puig traduce en mayor recaudación y financiación, mejores incentivos para la recogida separada y menor generación de residuos, así como una mejor distribución. Indíbil señala que la correcta implementación de este gravamen ayudará a los entes locales a mejorar su sostenibilidad financiera, incentivará la optimización del servicio y reducirá los vertidos. Por otro lado, la nueva tasa será más visible y estará vinculada directamente al coste del servicio, lo que incrementará la conciencia sobre los residuos que se generan y sus costos asociados. Esto puede motivar cambios en el comportamiento de la ciudadanía hacia una mayor reducción e incentivar la recogida separada. No obstante, es probable que, en el corto plazo, muchos ciudadanos perciban un aumento en la tasa de residuos debido a la eliminación del déficit, puesto que, hasta ahora, cubrían aproximadamente el 60% del coste del servicio. 

La correcta implementación de la nueva tasa de residuos tendrá un impacto socioeconómico significativo para los municipios y los ciudadanos.

Otros modelos fiscales

El próximo paso en la evolución de la fiscalidad en la gestión de residuos en España será la adopción de nuevos modelos fiscales, como el sistema de pago por generación, reitera Puig. Este sistema, que busca vincular directamente el coste del servicio según el volumen de residuos generados en cada hogar y comercio a nivel individual, incentiva una mayor participación ciudadana en la separación de residuos y promueve la reducción de los mismos. Sin embargo, su implementación también puede resultar desafiante, al requerir la aplicación de sistemas de alta eficiencia, métodos avanzados para el pesaje o conteo de residuos, así como una infraestructura adecuada para gestionar la separación y reciclaje.

Considerando el establecimiento otros sistemas fiscales efectivos, Indíbil propone el establecimiento de un sistema de incentivos y sanciones, que refuerce el cumplimiento de las normativas de separación. Además del pago por generación, el experto sugiere el establecimiento de tasas diferenciadas según el tipo de usuario, incluyendo doméstico, comercial e industrial. De esta manera, se busca distribuir los costes de manera más justa, adaptando la tasa al volumen y tipo de residuos que cada sector genera. También considera fundamental incorporar incentivos fiscales para aquellos que demuestren un compromiso claro con la reducción y separación de residuos. Asimismo, plantea la implementación de mecanismos de subvención cruzada para garantizar que los hogares con menor capacidad económica no sean desproporcionadamente afectados por la tasa. 

"El próximo paso en la evolución de la fiscalidad en la gestión de residuos en España será la adopción de nuevos modelos fiscales, como el sistema de pago por generación", afirma Ignasi Puig, director de Proyectos en ENT Medio Ambiente y Gestión.

Recogida selectiva

En línea con la creciente relevancia de la fiscalidad en la gestión de residuos, otro desafío crucial al que se enfrentan los entes locales españoles es la implementación de sistemas de recogida selectiva eficientes. Si bien los impuestos y tasas pueden incentivar cambios en el comportamiento de la ciudadanía, el éxito de estas medidas depende en gran medida de la capacidad de los municipios para establecer sistemas que promuevan una separación efectiva de los residuos en origen. La recogida selectiva, por tanto, no solo es una herramienta clave para cumplir con las normativas vigentes, sino también un pilar esencial para garantizar que los incentivos fiscales tengan el impacto deseado en la sostenibilidad del sistema. Según relata Puig, el sistema de recogida selectiva puerta a puerta está ampliamente probado y en continuo crecimiento, y ha demostrado ser el que produce mejores resultados, tal y como señala un reciente estudio elaborado por la AIREF. Según este estudio, existe una relación directa entre la recogida selectiva puerta a puerta y los índices de reciclaje. Indíbil, por su parte, destaca que este sistema no solo mejora significativamente la calidad de los residuos recolectados al reducir la cantidad de impropios, sino que también facilita la participación activa de la ciudadanía.

El reto de la fracción orgánica

Uno de los grandes retos persistentes en España es la recogida separada de la fracción orgánica, la cual es obligatoria desde el año 2022 para municipios con más de 5.000 habitantes. Sin embargo, la implementación de esta medida ha sido lenta y desigual. A pesar de que la fracción orgánica es la más fácil de reciclar y la que más contamina las demás, Puig expresa su sorpresa por el retraso en su adopción, especialmente en un país como España, que podría beneficiarse enormemente del uso de compost de calidad en la agricultura.

Además, Ignasi enfatiza la importancia de no centrarse únicamente en la cantidad, sino también en la calidad de los materiales recogidos selectivamente. Si bien la recogida selectiva es un medio para el reciclaje, este no debe considerarse un fin en sí mismo a menos que los materiales reciclados se reintegren adecuadamente al ciclo productivo. Un reciclaje de baja calidad puede dar lugar a "downcycling" en lugar de un reciclaje efectivo. Puig subraya que este es un aspecto crítico, especialmente en la gestión de la fracción orgánica, ya que la presencia de plásticos o metales pesados en el compost puede acarrear consecuencias negativas para la agricultura.

Para garantizar la efectividad de la recogida selectiva, es crucial contar con una voluntad política firme que impulse la implementación de estos sistemas, así como la creación de incentivos económicos tanto para municipios como para ciudadanos. Asimismo, la recolección de la fracción orgánica debe considerarse una prioridad no solo por su facilidad de reciclaje, sino también por su potencial para mejorar las tasas de reciclaje globales y reducir la contaminación en vertederos. La colaboración entre distintas administraciones y el fomento de iniciativas locales serán esenciales para acelerar este proceso y avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible. 

La recogida de la fracción orgánica debe ser una prioridad no solo por su facilidad de reciclaje, sino también por su potencial para mejorar las tasas de reciclaje globales y reducir la contaminación en los vertederos.

Palancas para acelerar el cambio

Tras analizar el papel crucial de la fiscalidad y la necesidad de una recogida selectiva eficiente, surge la pregunta: ¿cuáles son las principales barreras que los municipios enfrentan para implementar de manera efectiva los mencionados modelos fiscales o lograr una recogida selectiva de alta eficiencia? ¿Qué medidas concretas deben adoptar los municipios para convertir el desafío en oportunidad y avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente y sostenible?

Voluntad política, recursos financieros y técnicos

Para acelerar la transformación de la gestión de residuos, es fundamental fortalecer la voluntad política, garantizar recursos financieros adecuados y fomentar la capacitación técnica en los municipios. Ignasi Puig señala que, históricamente, la priorización de estas cuestiones ha sido baja. En muchos casos, la ciudadanía no ha exigido cambios sustanciales y las deficiencias en la gestión han sido toleradas, ya que "incumplir la ley ha salido gratis", afirma el experto. La falta de consecuencias políticas o sanciones por no cumplir con las normativas ha limitado la adopción de sistemas más eficientes y sostenibles en muchos municipios.

Indíbil, por su parte, destaca que el avance hacia una gestión de residuos más sostenible requiere, en primer lugar, apoyo financiero y técnico a nivel municipal. La formación del personal administrativo y de los responsables políticos en nuevas tecnologías y prácticas sostenibles es esencial para promover decisiones fundamentadas en datos. Este desafío es especialmente relevante en municipios pequeños, que a menudo carecen de los recursos necesarios para invertir en mejoras significativas. En este sentido, la implementación de subvenciones y la búsqueda de financiación externa son estrategias fundamentales. Las alianzas público-privadas, por ejemplo, podrían ser una vía para atraer inversiones que faciliten la adopción de tecnologías más eficientes, como la recogida selectiva puerta a puerta o iniciativas locales como el compostaje. 

Para acelerar la transformación de la gestión de residuos, es fundamental fortalecer la voluntad política, garantizar recursos financieros adecuados y fomentar la capacitación técnica en los municipios.

Infraestructuras

Otro reto fundamental para lograr una gestión de residuos eficaz es la inversión en infraestructuras, coinciden los expertos. La falta de instalaciones adecuadas representa un obstáculo significativo, especialmente para los municipios más pequeños, que no cuentan con contenedores específicos ni instalaciones de tratamiento cercanas, lo que limita su capacidad de cumplir con los objetivos de reciclaje y sostenibilidad. Para abordar este problema, Batlle subraya la necesidad de desarrollar infraestructuras de reciclaje y compostaje local, lo que no solo disminuirá costes de transporte y tratamiento, sino que también permitirá una gestión más económica y sostenible. Sugiere fomentar el compostaje comunitario en áreas residenciales y la instalación de contenedores específicos para cada tipo de residuo, especialmente para la fracción orgánica, con el fin de aumentar las tasas de reciclaje y facilitar el acceso a los puntos de recogida selectiva. Es fundamental que las administraciones autonómicas y estatales brinden apoyo financiero y técnico para adaptar las infraestructuras a las necesidades locales, considerando alternativas como puntos limpios móviles y sistemas de recogida itinerante, señala.

Digitalización y datos

La transición digital en la gestión de residuos municipales se presenta como una oportunidad fundamental para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la sostenibilidad del sistema. Según Indíbil, la implementación de tecnologías avanzadas, como contenedores inteligentes equipados con sensores, permite monitorizar en tiempo real la cantidad de residuos generados y ajustar la frecuencia de recogida de acuerdo a la demanda. Esto no solo reduce los costes operativos, sino que también maximiza la eficiencia del sistema. 

La digitalización también facilita el seguimiento de rutas de recogida y la identificación de ineficiencias en el servicio, lo que puede resultar en ahorros significativos. Batlle destaca la importancia de contar con sistemas de sensorización y GPS para obtener datos precisos sobre la ejecución de los servicios, como la ubicación de los vehículos y los vaciados de contenedores. Estas tecnologías permiten a los municipios tener una visión clara de sus operaciones y detectar áreas de mejora. Además, la creación de plataformas de gestión que integren estos datos es esencial para la supervisión efectiva de los servicios. A través de la automatización del análisis de datos, los municipios pueden ajustar las estrategias y las tarifas de residuos en función del comportamiento de los ciudadanos, promoviendo una mayor corresponsabilidad y cumplimiento normativo.

Sin embargo, la digitalización también enfrenta ciertos riesgos y barreras estructurales, como la dependencia de la tecnología, la necesidad de personal capacitado para gestionar estos sistemas y los costes iniciales de implementación, expilca Batlle. Además, la falta de datos rigurosos y actualizados limita la comprensión que los técnicos tienen de los servicios y dificulta la toma de decisiones informadas. Muchos municipios carecen de una visión clara de los costes de recogida y tratamiento de residuos, lo que dificulta el establecimiento de tasas justas y eficientes. Además, la ausencia de información detallada por sectores impide aplicar tarifas diferenciadas que reflejen el impacto real de cada actividad, obstaculizando la distribución equitativa de costos. Esta situación se ve agravada por la falta de sistemas de control y seguimiento eficaces, necesarios para identificar áreas de optimización y posibles ahorros. Sin un monitoreo adecuado, los municipios corren el riesgo de pagar por servicios mal ejecutados, lo que resulta en un uso ineficiente de recursos.

La implementación de tecnologías avanzadas, como contenedores inteligentes, no solo reduce los costes operativos, sino que también maximiza la eficiencia del sistema.

Colaboración

De manera complementaria, la falta de colaboración y responsabilidad compartida también se presenta como un desafío crítico en la gestión de residuos en España. Según el experto de Anthesis, la cooperación intermunicipal e interadministrativa y la creación de consorcios son estrategias clave para maximizar la eficiencia, reducir costes e intercambiar conocimientos y buenas prácticas. Al unirse, los municipios más pequeños pueden compartir infraestructuras y servicios de gestión de residuos, lo que no solo optimiza recursos, sino que también garantiza un cumplimiento más eficaz de normativas vigentes, como la Ley 7/2022.

El experto de ENT agrega que España cuenta con más de 8.000 municipios, muchos de los cuales son pequeños y dependen en gran medida de la colaboración con entidades supramunicipales como mancomunidades y consejos comarcales. Esta colaboración, por lo general, es positiva; sin embargo, expresa su preocupación por que los municipios más pequeños tienden a delegar no solo la competencia, sino también el conocimiento, cuando es crucial que cada municipio posea un mínimo de información y desglose sobre su gestión de residuos.

El experto enfatiza que muchas comunidades autónomas carecen de un mapa claro de la situación a nivel municipal en cuanto a gestión de residuos, lo que es lamentable considerando que la competencia reside originalmente en los municipios. Además, resalta que la efectividad de las políticas de residuos depende de la presión ejercida sobre las comunidades autónomas para que adopten estos objetivos normativos como propios. En su opinión, las obligaciones y objetivos deben fluir en cascada desde el estado a las comunidades autónomas y, posteriormente, a los municipios.

La concienciación, participación e implicación ciudadana en la gestión de residuos se erigen como pilares fundamentales para el cambio, complementando las estrategias de colaboración intermunicipal y entre entidades.

Ciudadanía

Por último, la concienciación, participación e implicación ciudadana en la gestión de residuos se erigen como pilares fundamentales para el cambio, complementando las estrategias de colaboración intermunicipal y entre entidades previamente discutidas. Indíbil subraya que ningún sistema de gestión será eficaz sin una implicación activa de la ciudadanía. Para ello, considera crucial desarrollar campañas educativas que sensibilicen sobre la importancia de la separación en origen y la correcta gestión de residuos, explicando los beneficios ambientales y económicos que conlleva. Estas campañas deben utilizar diversas plataformas y estrategias de proximidad para generar cambios de hábitos significativos. La comunicación directa y personalizada, a través de medios locales o eventos comunitarios, o los sistemas de recompensa por buenas prácticas también son clave para motivar la participación y fomentar la corresponsabilidad ciudadana. 

Sin embargo, Puig expresa cierto escepticismo sobre la eficacia de las campañas de comunicación tradicionales, señalando que, a pesar de que una mayoría de la población sabe cómo separar residuos, muchos eluden esta responsabilidad. Según él, el problema no es tanto la falta de información como la ausencia de sistemas de recogida eficientes que obliguen a la ciudadanía a participar activamente. Los sistemas actuales, que no imponen consecuencias si no se colabora, permiten que la comodidad prevalezca sobre el compromiso con el reciclaje. En contraste, cuando se implementan sistemas de alta eficiencia, donde las acciones individuales impactan directamente en la experiencia cotidiana del ciudadano, los niveles de separación de residuos aumentan drásticamente.

En definitiva, ambos expertos coinciden en que la colaboración ciudadana es indispensable para el éxito de la gestión de residuos. Mientras el consultor de Anthesis aboga por la educación y la sensibilización, el de ENT enfatiza la necesidad de implementar sistemas más estrictos y eficientes que obliguen a la participación activa de los ciudadanos. 

La perspectiva municipal: avances y desafíos en la gestión de residuos en España

En el marco de una creciente presión por mejorar la gestión de residuos, los municipios españoles, representados por la FEMP, analizan los logros alcanzados, los desafíos pendientes y las estrategias clave para avanzar hacia un modelo de sostenibilidad y economía circular.

¿Cuál es la visión de los municipios respecto a la gestión de residuos en España? ¿Cómo abordan los entes locales los retos que plantea la recogida y el tratamiento de residuos en un contexto de creciente presión normativa y expectativas ciudadanas? La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ofrece una perspectiva valiosa sobre estas cuestiones, destacando tanto los avances logrados como los desafíos que persisten en la implementación de un modelo de gestión más sostenible y eficiente.

A día de hoy, todos los municipios españoles disponen de servicios de recogida de residuos. Sin embargo, la recogida selectiva, aunque obligatoria desde hace 25 años, presenta un panorama heterogéneo. A pesar de los avances significativos en la implementación de contenedores destinados a papel, envases y vidrio, la incorporación de nuevas fracciones, como pilas, biorresiduos y residuos y RAEE, plantea desafíos adicionales. La FEMP señala que, a partir de enero de 2025, la recogida selectiva deberá incluir una gama aún más amplia de materiales, como aceites de cocina usados, residuos textiles, residuos domésticos peligrosos o voluminosos, lo que exigirá un esfuerzo económico, técnico y logístico considerable por parte de los municipios. A esto se añade que, muchos municipios carecen de la capacidad necesaria para tratar adecuadamente los residuos recogidos, lo que a menudo resulta en el envío innecesario de materiales a vertederos. 

Para abordar esta situación, es fundamental fomentar la reducción de residuos y mejorar la reciclabilidad de los mismos, en lugar de depender exclusivamente de tecnologías de tratamiento. En este contexto, la responsabilidad ampliada del productor adquiere una importancia crucial, ya que los municipios no pueden asumir una carga financiera que los deje infrafinanciados, lo que dificultaría su capacidad para implementar un modelo de economía circular efectivo. La creación de un modelo sostenible de economía circular se ve obstaculizada por factores como la lentitud en el desarrollo normativo y la falta de productos diseñados para un reciclaje efectivo. En este sentido, la FEMP hace un llamado a las administraciones para que refuercen la inspección y regulen el mercado de productos con un diseño que facilite su reciclaje.

Muchos municipios carecen de la capacidad necesaria para tratar adecuadamente los residuos recogidos, lo que a menudo resulta en el envío innecesario de materiales a vertederos.

Asimismo, el horizonte que se vislumbra hacia 2025 también incluye la obligación de establecer una tasa de residuos que cubra el 100% de los gastos de recogida. La FEMP aclara que esta exigencia surge de una directiva europea, que aunque no la establecía como obligatoria, ha sido adoptada por el Gobierno de España. La Federación expresa su preocupación por cómo esta tasa será impuesta y relata cómo, al conocer la intención del Gobierno de establecer esta tasa, la FEMP se opuso a su imposición, abogando por la necesidad de explorar alternativas que permitan cumplir con la directiva europea sin que esta carga recaiga de manera desproporcionada sobre los municipios. La FEMP considera que las entidades locales se encuentran en una situación de desamparo al tener que asumir esta responsabilidad sin el apoyo adecuado. Por ello, la organización ha destacado la importancia de proporcionar a los municipios herramientas que faciliten la comunicación con los ciudadanos y la gestión de la transición, de tal manera que el impacto financiero para la población se minimice y suponga el menor desembolso posible.

Por otro lado, cabe reseñar que la recogida selectiva de residuos orgánicos se ha convertido en una prioridad, en consonancia con los objetivos normativos cada vez más exigentes. La FEMP subraya que, si bien muchos municipios ya habían comenzado a segregar residuos orgánicos antes de la entrada en vigor de la ley, el cumplimiento de los plazos establecidos ha sido un desafío para otros. En este contexto, el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de líneas de ayuda para la implementación de recogidas separadas, es visto como un paso positivo. No obstante, la FEMP enfatiza que la separación de residuos no concluye con la recogida; la gestión y tratamiento adecuados son fundamentales para cumplir con las exigencias normativas. La inversión en instalaciones y tecnología se vuelve, por tanto, un elemento clave para asegurar que la segregación de residuos orgánicos sea efectiva y eficiente. 

Si tenemos claras nuestras responsabilidades y contamos con las contrapartidas económicas adecuadas, establecidas en las directivas europeas, podremos mantener un esfuerzo constante en la evaluación de cómo, cuándo y cuántos residuos se generan.

En esta misma línea, la entidad pone en valor la importancia de la digitalización como herramienta para mejorar la eficiencia en los servicios municipales. Sin embargo, para la FEMP, el punto en que se encuentran los municipios en este proceso es muy dispar en cuanto a tamaño, recursos y capacidad. Mientras que algunas ciudades han realizado avances significativos mediante la implementación de sistemas completos de gestión de residuos que incluyen sensores en los contenedores, optimización de rutas de recogida y plataformas de información ciudadana, otros muchos municipios pequeños aún se encuentran en fases iniciales de evaluación y planificación. La FEMP asevera que la adopción de herramientas como el Internet de las Cosas (IoT), Sistemas de Información Geográfica, aplicaciones móviles, plataformas de datos y análisis predictivo o inteligencia artificial y aprendizaje automático, han demostrado ya ser útiles para mejorar la eficiencia del servicio y facilitar la toma de decisiones basadas en datos, haciendo la gestión de residuos en más inteligente y sostenible, aseveran.

También la colaboración entre los ayuntamientos y otras administraciones resulta vital, aunque la FEMP aclara que no todos los residuos generados en un municipio son responsabilidad del ayuntamiento. De hecho, la transposición a nuestro país de la normativa europea a estos efectos diferencia entre residuos domésticos, comerciales e industriales; de los tres, tan sólo los domésticos son de responsabilidad municipal obligatoria. Tomando en cuenta esta consideración, es esencial que comercio e industrias asuman la gestión de los residuos que producen, adquiriendo su responsabilidad como productores.

Con respecto al grado de conciencia social, aunque siempre hay margen para mejorar, la FEMP considera que es, en términos generales, positivo. Sin embargo, desde la FEMP insisten en que, para que esta concienciación tenga un impacto real, es imprescindible que los consumidores tengan acceso a productos sostenibles, reutilizables, de bajo peso y fáciles de separar para su reciclaje. También es fundamental que estos productos sean eficaces en su tratamiento para el reciclaje, minimizando así el desperdicio. Asimismo, es importante destacar que la separación de residuos en hogares y comercios debe convertirse en un hábito cotidiano que todos debemos integrar en nuestras rutinas diarias. La adopción de nuevos comportamientos en este ámbito no es un proceso inmediato, especialmente considerando los numerosos cambios y nuevas fracciones de recogida separada que se han implementado en los últimos años. Lograr que la ciudadanía asuma la práctica de separar residuos requerirá tiempo, incluso si existe la voluntad de hacerlo y se implementan mecanismos de información y concienciación. Un ejemplo de esta realidad es la recogida selectiva de envases, que ha estado acompañada de décadas de campañas de sensibilización y, a pesar de ello, aún presenta un notable margen de mejora.

Por último, la FEMP reflexiona que, si tenemos claras nuestras responsabilidades y contamos con las contrapartidas económicas adecuadas, establecidas en las directivas europeas, podremos mantener un esfuerzo constante en la evaluación de cómo, cuándo y cuántos residuos se generan. Esto permitirá establecer medios de recogida adecuados que faciliten su correcto tratamiento. No debemos olvidar que el mejor residuo es aquel que no se produce, concluye.